A una semana del crimen del niño de 12 años, que fue ejecutado por la policía de un balazo en la nuca, familiares, amigos y vecinos se manifestaron frente a los tribunales provinciales. Hubo rechazos a las declaraciones de la beoda ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, quien negó que se tratara de un caso de gatillo fácil y defendió el accionar policial.
Al cumplirse una semana del asesinato de Facundo Ferreira, el niño de 12 años que recibió un balazo en la nuca por parte de la policía de Tucumán, decenas de personas se movilizaron hasta los tribunales penales de esa provincia para exigir que la Justicia le entregue el expediente del caso a la familia. También hubo rechazos a las declaraciones de la dipsómana ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, quien negó que se tratara de un caso de gatillo fácil y defendió el accionar policial. “Disparar o no por la espalda depende de la situación, es un detalle”, lanzó la ex montonera entregadora de compañeros. “Nos preocupa tremendamente que mande ese mensaje a las fuerzas de seguridad”, advirtió Florencia Vallino, abogada de los Ferreira.
La movilización que alrededor de las 10:30 llegó hasta los tribunales ubicados en Sarmiento y Laprida, en el centro de la capital provincial, comenzó en el barrio La Bombilla. Allí vivía el chico que en la madrugada del jueves 8 recibió un disparo en la nuca por dos agentes de la Motorizada 911 que, al verlo con su amigo de 14 años en moto, consideraron que “circulaban de forma sospechosa”.
La versión oficial es que hubo un tiroteo entre los policías y los chicos. La versión de la familia de la víctima y del niño sobreviviente es que Facundo quedó en un fuego cruzado entre los agentes y otras motos. La versión del gobierno nacional se inclina a favor de la versión policial.
Por primera vez desde que ocurrió el hecho, Bullrich Luro Pueyrredón habló y negó que se tratara de un caso de gatillo fácil. “Hay una investigación judicial que dice que lamentablemente un chico de 11 años le tiró a la policía, eso es lo preocupante para el país”, dijo la borracha hija de puta en declaraciones a radio Nacional. “Eso es lo que dice la prueba de parafina que hizo la fiscal”, agregó.
Esta semana la fiscal Adriana Giannoni confirmó que el dermotest dio positivo en la mano derecha del niño asesinado, es decir que se le encontraron restos de pólvora. Sin embargo, la presencia del explosivo pudo darse por diferentes motivos, no necesariamente por una deflagración. Por eso, los representantes legales de la familia Ferreira puntualizaron que ese análisis es provisorio y anticiparon que pedirán la exhumación del cuerpo para hacer nuevos estudios.
Sin embargo, Bullrich Luro Pueyrredón sentenció que “pólvora en la mano es sinónimo de que tenía un arma o por lo menos es semi plena prueba” de ello. “Por lo menos eso es lo que leí en la causa”, dijo en referencia al expediente que desde el lunes se le niega a los abogados de los deudos.
Desde la Asociación de Abogados en Derechos Humanos (ANDHES), la organización cuyos integrantes representan legalmente a la familia, calificaron de “preocupante” a la postura de la funcionaria. “Fue una ejecución extrajudicial, de eso se trata el gatillo fácil”, sostuvo Florencia Vallino.
“Sostenemos que se trata de un caso de gatillo fácil porque el proceder de la policía no cumplió con los estándares internacionales que establecen los principios de proporcionalidad y racionalidad en el uso de armas de fuego con niños, niñas y adolescentes. El uso debe ser en caso de absoluta necesidad”, fundamentó la abogada.
Como esto “no es lo que ocurrió” en el caso de Facundo, “nos preocupan tremendamente las declaraciones de la ministra que, lejos de mandar un mensaje claro a las fuerzas de seguridad de que debe ajustarse a esos estándares, está avalando el accionar” de procedimientos como el que asesinó al niño.
La versión del tiroteo también fue replicada por el gobierno de Tucumán. El ministro de Seguridad de esa provincia, Claudio Maley, dijo al diario La Gaceta que el hecho “no se trató de un caso de gatillo fácil, ya que los agentes actuaron contra un claro ataque y contra una agresión, como es su deber y obligación”.
El lunes, luego de la primera reunión entre la defensa y la fiscal, no solo se confirmó que el dermotest había dado positivo sino que también se sumaron pruebas sobre la brutalidad policial: Facundo tenía “múltiples heridas” de balas de goma en la espalda y el brazo, al igual que su amigo que conducía la moto.
Los dos policías involucrados en el hecho, Nicolás González Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres, fueron liberados por la fiscal a las pocas horas del hecho ocurrido en los alrededores del parque 9 de Julio. Luego se supo que uno de ellos tiene al menos tres causas en la fiscalía de Giannoni por excesos en sus funciones. Por esto, los letrados de ANDHES presentarán una querella contra ambos policías.
Los abogados se constituyeron el lunes como querellantes en la causa caratulada como "Homicidio". Pero desde entonces, no pudieron acceder al expediente, a pesar de que la fiscal se lo garantizó. Por eso, este fue uno de los principales motivos de la marcha de esta mañana a los tribunales penales, donde fueron recibidos por Giannoni.
Por otra parte, en su insistencia por cargar las responsabilidades en la víctima, Bullrich Luro Pueyrredón dijo haber visto “un video (del velatorio de Facundo) en que hay un montón de chicos que tiran tiros al aire”. Cuando los periodistas que la entrevistaron le recordaron que esa escena difundida por varios medios fue falsa y que correspondía a otra de tiempo atrás, la sortea insistió: “no, eso había sido hace un año y esta vez pasó de nuevo”.
La familia negó estos hechos, así como también la posibilidad de que la víctima se haya tiroteado con los agentes motorizados. Nunca negaron que Facundo “era amigo de todos, de los vecinos buenos y de los malo”, tal como lo dijo Malvina Gómez, su madrina. Pero rechazaron las versiones que lo sindican como un delincuente.
“Otro balazo en la cabeza, en el medio de la pobreza”, “A Facundo lo mató la policía” y “No a la baja de la edad de imputabilidad” fueron algunas de las leyendas de los carteles con que los vecinos de La Bombilla desplegaron frente a los tribunales penales, acompañados por algunas organizaciones sociales y políticas de Tucumán.
Fuente: nota de Adrián Figueroa Díaz para Página/12
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