El principal exportador de productos de soja procesada del país hizo la presentación ante la Justicia. La compañía tomó un crédito multimillonario y escandaloso con el Banco Nación durante el macrifascismo que luego no pudo pagar.
Finalmente, la empresa Vicentin solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores por no poder afrontar la deuda de 1300 millones de dólares y tras el fracaso de las negociaciones con las entidades bancarias y financieras.
A través de un comunicado, la mega exportadora cerealera informó que elevó ese pedido ante el Juzgado de Primera Instancia Distrito 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de Reconquista.
A pesar de este revés, la empresa que había entrado en cesación de pagos el 4 de diciembre del año pasado informó que “perseguirá sin descanso” sus “objetivos prioritarios de defender sus fuentes de trabajo, rehabilitar su operatoria industrial y comercial y concretar una restructuración de sus pasivos”.
En tanto, sus representantes “seguirán manteniendo las conversaciones avanzadas con el Banco de la Nación y demás instituciones oficiales y con el resto de las instituciones financieras” con “el objeto de llegar a un acuerdo general apoyado en un plan de negocios sustentable”.
"A nuestro personal le agradecemos la comprensión demostrada hasta el presente y le anticipamos que el camino adoptado permitirá su retorno al trabajo más rápidamente", añadió la firma.
El paso atrás de Vicentin estaba anunciado. Días atrás, Gagliardo Agrícola Ganadera SA (Gagsa), una de sus acreedoras, pidió ante la justicia la quiebra de la empresa que tiene un 35 por ciento de la deuda con bancos extranjeros y un 32 con bancos locales.
Entre estos se encentra el Banco Nación, a quien le debe 350 millones de dólares y contra el cual operó a través de una maniobra en la que la entidad financiera entonces a cargo del macrifascista Javier González Fraga le facilitó la prefinanciación de exportaciones para que contara con capital que después no devolvía al concretar la exportación.
Luego, en vez de reclamarle el pago, el banco le ampliaba el crédito al año siguiente, acumulando en pocos años más de 330 millones de dólares, el 20 por ciento de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad oficial.
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