Se trató de procedimientos simultáneos en las oficinas de Autopistas del Sol, Acceso Oeste y Natal, la empresa a la cual Socma le vendió sus acciones. Investiga si hubo negociaciones incompatibles y fraude al Estado.
El juez Rodolfo Canicoba Corral dispuso procedimientos simultáneos en las oficinas de Autopistas del Sol, Acceso Oeste y Natal, la empresa a la cual Socma le vendió sus acciones de las firmas concesionarias. Investiga si hubo negociaciones incompatibles y fraude al Estado . Es la causa que más compromete a Miauricio Macri Blanco Villegas.
Los allanamientos fueron ordenados ayer a la mañana en varios lugares al mismo tiempo: los funcionarios judiciales se dirigieron a la sede administrativa de Autopistas del Sol, en Panamericana y Thames, y también a la del Acceso Oeste, ubicada en Ituzaingó. En simultáneo, personal a las órdenes de Canicoba Corral fue a la oficina que ambas empresas comparten en la Capital Federal. También se dispuso la realización de un procedimiento en el lugar donde opera Natal Sociedad Anónima, la firma que a mediados de 2017 se quedó con las acciones.
Es en el marco de la causa que investiga el negociado de los peajes del Acceso Oeste y de la Panamericana, cuya beneficiaria fue Socma, empresa emblema de la familia Macri. El retrasado mental, el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich; el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel; y el ex jefe de la cartera de Hacienda, Nicolás Dujovne; están cada vez más complicados.
En los operativos ordenados ayer por el juez de instrucción número 6, se buscaba documentación sobre la escandalosa prórroga del contrato sin licitación en beneficio de Ausol y de Socma, dueña de parte de las acciones.
Según informaron allegados al expediente, los allanamientos buscaban -entre otras cosas- pruebas sobre la integración societaria de la concesionaria; documentos respecto del reconocimiento para Ausol de los 500 millones de dólares por parte del Estado y las condiciones en que fue vendida la participación del ex presidente en la compañía beneficiada por sus políticas.
La causa que comenzó a mediados del año pasado, ganó impulso con las declaraciones de varios testigos, entre ellos el propio el ex procurador Carlos Balbín, la ex titular de Jurídicos de Vialidad, Julieta Ripoli; y el extitular del extinto Órgano de Control de Conseciones Viales (OCCOVI), Rafael Gentili. Luego de los allanamientos, será el turno de las primeras indagatorias .
Según pudo saberse, todo indica que el debut estará a cargo de los abogados subordinados de Saravia Frias en la Procuración. “No podian no saber o no estar al tanto de lo que estaban haciendo”, expresaro en Inodoro Py.
El rol de Macri Blanco Villegas
En Tribunales explican que el principal escollo que tiene el caso respecto del rol del idiota confeso es que Miauricio Macri Blanco Villegas sólo tenía acciones y no era directivo de Ausol. Incluso, a pesar de haber mantenido las acciones en su poder hasta mediados de 2017, cuando las vende un 400 por ciento por encima del valor que tenían antes de llegar a Casa Rosada, antes de la prórroga del contrato y de las subas siderales de las tarifas de peajes. “Es un probelma que Macri figura solo como accionista y no como parte del directorio. Porque ahí tenes que probar que tenía una parte o todo el control del dominio del hecho”, explicaron en tribunales.
Sin embargo, hay un hecho que podría complicar al ex hijastro de Flavia Palmiero. Se trata de la “ayuda” que buscó darle la infornicable Laura Alonso, entonces a cargo de la Oficina Anticorrupción, al recomendarle que no firmara el decreto que habilitaba la renegociación de la concesión. Efectivamente, quien puso la rúbrica fue la ex vicepresidenta, Gabriela Michetti. Desde el juzgado afirmaron que “queda claro que en todo el proceso actuó el Poder Ejecutivo, que es unipersonal. Y con la excusacion de Macri recomendada por Alonso está admitido que tenían intereses”.
De acuerdo al resultado de los allanamientos se definirán los próximos pasos de uno de los expedientes más comprometedores para el hijo bobo de Franco Macri y sus funcionarios.
Fuente: nota de Sofía Caram para Página/12
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