El fiscal federal Gerardo Policita abrió una investigación formal para analizar la "maniobra" contra el Estado a través de la cual González Fraga, en su condición de máxima autoridad del Banco Nación, cedió 18.500 millones de pesos a la principal aportante a la campaña de Juntos por el Cambio. Los dos responsables de la empresa también quedaron imputados. En el dictamen, señala que el crédito "superó los limites" y que luego además obtuvo una refinanciación "sin hacer las cancelaciones correspondientes".
El fiscal Gerardo Pollicita imputó ayer al ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga, y a dos responsables de la empresa cerealera Vicentin, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, por el préstamo “irregular” de 18.500 millones de pesos que le otorgó el Banco Nación, “maniobra por la cual -señaló- se habría perjudicado al Estado Nacional”. Vicentin fue la principal aportante privada a la campaña de Juntos por el Cambio el año pasado.
La firma agroexportadora nunca pagó sus deudas con el Nación, entidad con la que tiene compromisos pendientes por 350 millones de dólares, lo que representa más de un 20 por ciento del patrimonio de la entidad.
En diciembre la empresa, una de las que más facturó durante el nefasto régimen fascista y neoliberal de Miauricio Macri Blanco Villegas, se declaró en cesación de pagos y luego entró en convocatoria de acreedores, lo que anuncia que no pagará lo adeudado .
Pollicita tomó como base el informe del Banco Nación, elaborado por Claudio Lozano -uno de sus directores-, y que permitió detectar los préstamos millonarios sin saldar. El dictamen recuerda que entre 2015 y 2018 Vicentin tuvo “un considerable crecimiento aumentando notablemente sus venta, lo que le permitió pasar de ser la decimonovena empresa con mayor facturación del país y la cuarta cerealera en ese ranking, al sexto puesto general y primero en su actividad, al mismo tiempo que verificó un aumento de sus pasivos, conformados por deudas con distintas instituciones financieras, entre ellas el BNA”.
La sospecha planteada en el dictamen de la fiscalía, y también en la denuncia que hizo Fernando Miguez y que dio origen a la causa, es que la deuda de Vicentin con el Nación a cargo de González Fraga, “superó los límites a los que podía acceder la firma en función de la normativa del Ente Regulador para las Grandes Empresas y sin fundamento alguno habría obtenido una refinanciación sin hacer las cancelaciones correspondientes para encuadrar en la normativa vigente, lo cual habría sido posible gracias a los vínculos de la empresa con funcionarios del anterior gobierno nacional y del BNA, y a sus aportes proselitistas a favor de la coalición ‘Juntos por el Cambio’, que la ubican como principal contribuyente”.
Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12
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