Por Carla Pelliza, para El Destape web
Mediante una resolución, el gobierno provincial obligó a los médicos a pagar sus propios viáticos para poder atender en pueblos alejados y luego les prohibieron hablar de la crisis en la provincia.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, recortó el presupuesto del programa de salud Refuerzo Estival y disparó así la crisis que derivó en, hasta el momento, ocho niños wichís muertos y cientos en riesgo extremo. Con el Memorándum 5/20 del ministerio de Salud provincial, se estableció que los médicos debían pagar de su sueldo los gastos de viáticos, traslado y alojamiento si querían acceder a lugares alejados de los centros urbanos para atender a las comunidades más vulnerables.
Los recortes de Sáenz afectaron a la base aérea sanitaria ubicada en el aeropuerto de General Mosconi, los viáticos de los médicos, camionetas cargadas de alimentos, vehículos cisterna para abastecer de agua potable a las distintas localidades -uno de los principales problemas de la comunidad wichí y pueblos originarios salteños-, entre otros gastos que disminuyeron en casi seis millones de pesos el presupuesto de Refuerzo Estival. Este programa se encarga de acceder a los pueblos más alejados, en áreas rurales, que debe reforzarse en verano con el crecimiento del monte.
La ministra de Salud de Sáenz, Josefina Medrano, firmó el polémico Memorándum el 6 de enero y dispuso que a partir de ese día “se informa que la movilidad en cuanto a los destinos asignados a los Profesionales Asistentes para el año de devolución posterior al Ciclo Docente Básico queda a cargo del profesional, quedando sin efecto la competencia de traslado a cargo del Ministerio. Cualquier incumplimiento de lo aquí dispuesto será responsabilidad del profesional”.
Los profesionales residentes pidieron una audiencia con las autoridades pero lo único que consiguieron fueron reuniones individuales usadas como "estrategias de manipulación y hostigamiento apelando a las situaciones personales de cada uno/a, incluso responsabilizando a compañeros de los posibles eventos adversos que pudieran suscitarse en las diferentes Áreas Operativas si no accedían a ir”. Las zonas más vulnerables están lejos de los centros urbanos y con acceso restringido por lo que si el Estado no cubre los costos, es prácticamente imposible asistir.
Los residentes deben viajar dos semanas al mes a sus destinos designados en el interior y otras dos semanas en hospitales de cabecera en la capital. Pero con esta decisión, acceder a los sitios vulnerables de la provincia -como San Martín, Santa Victoria Este, Rivadavia, Orán- pasó a depender de sus propios ingresos.
La ex ministra de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas provincial, Edith Cruz, sostuvo a Cuarto Poder Salta que "lo que se dejó de hacer es la parte sanitaria, el recorrido por las comunidades con profesionales. Primero iba el equipo de médicos y después se distribuía el alimento. Tratábamos de estar en todas las comunidades del norte cada 15 días, lo que nos permitía detectar situaciones de riesgo nutricional. El operativo de salud no se está haciendo". Aseguró que en el traspaso de gobierno aportaron todos los datos necesarios para prever y contener este tipo de situaciones, que suelen darse en enero y febrero por la crecida del monte. Incluso que dejaron provisiones para hacer frente a la distribución de alimentos.
Frente a este contexto, los profesionales enviaron una nota urgente al ministerio de Salud de la provincia el pasado 10 de enero en relación al Memorándum 5/20 y denunciaron que viola los distintos estatutos y normativas que regulan su actividad, ya que el Estado tiene la obligación de pagar los gastos de traslado y de viáticos. Impugnaron la decisión y pidieron que "el ministerio retome su competencia respecto al traslado de los profesionales a cada uno de los lugares dispuestos por la Extensión de Cobertura", incluso mediante transporte público, para poder cumplir las funciones sanitarias correspondientes.
El Memorándum del gobierno de Sáenz quedó sin efecto apenas vio la luz, pero obligaron a los profesionales a no hablar de la crisis sanitaria y lejos de solucionarse el problema, la falta de médicos continúa. Isabel Soria, presidenta de la Fundación Volviendo a Casa contó que hay graves problemas de desnutrición y falta de acceso a agua potable que requieren una atención urgente, pero “no hay médicos en la ciudad cabecera del departamento de San Martín, ni pediatras y de madres”. El nosocomio San Bernardo, en el centro, es el más grande de la zona “pero no van al interior porque no les pagan el desarraigo, no les alquilan la casa y piensan que ellos lo paguen con el sueldo propio”. Por eso, señaló, no pueden “sorprender las muertes porque todo el sistema está mal. Es consecuencia de años y malas decisiones que está tomando Sáenz”.
Los agentes sanitarios son quienes visitan las comunidades más alejadas y, si bien deben ser médicos, no todos lo son y no logran cubrir con el pedido de asistencia. Algunos son doctores bolivianos que no revalidaron su título en la Argentina por lo que, pese a estar recibidos, no están legalmente habilitados en el país.
En paralelo, el decreto para declarar la emergencia en los departamentos de San Martín, Rivadavia y Orán, firmado por Sáenz, parece haber quedado en una mera proclama y reunionismo prolongado. Quienes se adentraron en el monte se toparon con imágenes e historias devastadoras producto de la fuerte desnutrición que afecta a miles de niños de pueblos originarios con discapacidades a causa de este mal y condiciones de vida inhumanas frente a un Estado ausente que quitó recursos para que los médicos pudieran acercarse a estos lugares aislados y atender a la población vulnerable.
Por otro lado, el gobierno provincial intentó culpabilizar a los propios padres de los niños fallecidos. A través de un comunicado, el secretario de Salud, Antonio de los Ríos, sostuvo que "en realidad no son muertes por desnutrición, sino que la desnutrición es un componente más en el cuadro clínico de los niños. Esto ocurre por múltiples factores relacionados con la forma de vida de las comunidades aborígenes, especialmente wichís, que son reacias a la atención médica”.
"Estamos muy preocupados y en una situación de emergencia. Esperan que los chicos mueran para venir a vernos", agregó, cargando las tintas sobre los pueblos originarios.
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