Estará al frente del tribunal por un año o al menos hasta que se designe al reemplazante del corrupto magistrado fallecido.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quedó a cargo de las causas que instruía el fallecido Claudio Bonadio. Así lo determinó el azar ayer,s en un sorteo realizado por la Cámara Federal entre siete magistrados. Por distintos motivos, se habían excusado María Servini, Daniel Rafecas y Luis Rodríguez.
Martínez De Giorgi asumirá tareas en el Juzgado 11 por un año o al menos hasta que se defina el concurso que dirimirá al reemplazante de Bonadio. El plazo podría extenderse incluso a los dos años.
El sorteo era de lo único que se hablaba ayer a la mañana en Inodoro Py. En voz baja, jueces y empleados admitían que nadie quería salir sorteado, pero sabían que las posibilidades estaban entre siete candidatos. La elección estaba entre Sebastian Ramos (bolilla 2), Ariel Lijo (bolilla 4), María Eugenia Capuchetti (bolilla 5), Rodolfo Canicoba Corral (bolilla 6), Sebastián Casanello (bolilla 7), Martínez De Giorgi (bolilla 8) y Julián Ercolini (bolilla 10).
Minutos después de las 11, frente a una decena de periodistas, el pequeño bolillero alojó los números que podían ser sorteados: el 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. El empleado a cargo mostró cada bolilla a los periodistas, que filmaban la escena. El bolillero dio cinco vueltas. Y el empleado definió al elegido: el ocho.
Una curiosidad: Martínez De Giorgi también fue seleccionado cuando tocó subrogar el juzgado que dejó vacante, con su renuncia, Norberto Oyarbide, a comienzos de la nefasta gestión de Miauricio Macri Blanco Villegas. Y, antes de ser nombrado juez, estuvo como subrogante de los juzgados 2 y 8. Previamente, había sido secretario en la Sala II de la Cámara Federal. Había entrado a tribunales, como pinche, en 1985. Hoy tiene 53 años.
En su juzgado, el 8, De Giorgi tiene la causa por los sobornos que habría pagado Odebrecht para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Allí había dictado procesamientos para el ex ministro Julio De Vido y otros funcionarios y la falta de mérito para empresarios, pero la Cámara Federal anuló esa decisión. En su despacho también tramitó el expediente por la Fundación de la Madres de Plaza de Mayo, que derivó en el procesamiento de la titular de la asociación, Hebe de Bonafini; de De Vido y de los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, entre otros. A su cargo también tiene, por ejemplo, la investigación que se abrió por los presuntos documentos de inteligencia encontrados en la casa de Cristina Fernández de Kirchner en el Calafate, o el caso de los Parque Eólicos, una denuncia que salpica al hijo bobo de Franco Macri.
Ahora, el juez deberá analizar las causas que radican en el juzgado de Bonadio. Allí quedan algunas partes abiertas de la causa de los cuadernos, aunque el tramo principal de esas investigaciones ya fue derivado a juicio oral. Es que todas las causas que se abrieron pasaron a juicio oral, pero sin embargo había tramos de esas investigaciones que no habían sido ratificados por la Cámara Federal o en donde se había ordenado profundizar la investigación. Un ejemplo es el capítulo Techint en la causa por las anotaciones del chofer literato Oscar Centeno. Otro una serie de directivas que dio la Cámara Federal sobre la profundización de la causa de Gas Licuado (GNL), el expediente que dio origen a que las anotaciones del remisero de Roberto Baratta. Entre las causas que se anexaron a cuadernos, también figura la causa del enriquecimiento ilícito de Julio De Vido.
Pero no solo la causa de los cuadernos concentró la atención en el juzgado de Bonadio. Allí también se investiga la llamada “Operación Puf”, el expediente que se abrió para esclarecer si un grupo de detenidos kirchneristas quiso complotar contra el expediente de las fotocopias de los supuestos cuadernos. La denuncia la hizo la desquiciada diputada Elisa Carrió y se presentó el coimero fiscal Carlos Stornelli como querellante, justo cuando nacía la causa D’Alessio, en Dolores. La Cámara Federal le había recomendado precisamente a Bonadio que se excusara de seguir interviniendo. Mientras tanto, el expediente pasó por seis fiscales.
Otro de las causas que concitan la atención periodística y que se encuentran en el juzgado federal 11 es la causa por lavado de dinero por las cuentas que tenía el corrupto, inoperante y putañero Alberto Nisman en Estados Unidos, y que estaba a nombre de su madre, Sara Garfunkel, su hermana Sandra y el técnico informático Diego Lagomarsino, hoy procesado como partícipe necesario del homicidio del fiscal de la UFI-AMIA. Mientras avanzaba la investigación por el homicidio de Nisman, Bonadio no activó movimientos en esa investigación. Decía que estaba a la espera de que la Corte Suprema definiera si podía usarse como prueba el informe de la FINCEN, de Estados Unidos, reportando movimientos sospechosos en una cuenta del Merrill Lynch donde Nisman aparecía como apoderado, y pese a ser una Persona Políticamente Expuesta.
Martínez De Giorgi también tendrá que definir la situación de medio centenar de ex intendentes que habían sido imputados en los Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Es que la Cámara Federal confirmó los procesamientos de unos 40 intendentes pero dictó la falta de mérito de otros tantos, y por ello se estaban profundizando una serie de diligencias sobre los jefes comunales para definir en qué situación quedan en el expediente, que ya está próximo a pasar a instancia de juicio oral.
Al juzgado que perteneció a Bonadio también le tocaron la causa del Paseo del Bajo. Bonadio sobreseyó con ¿sorprendente? celeridad al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larrata y al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, pero la fiscalía apeló esa resolución.
Otra de las causas en donde fue sorteado el juzgado 11 fue la denuncia que se hizo para saber si existió delito en la compra de un hotel boutique en Mendoza para el monotributista Alejandro Vandenbroele, en el marco del acuerdo de arrepentimiento que firmó en la causa Ciccone.
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