El pronunciamiento del organismo a cargo de Carlos Zannini advierte hay "sobrados elementos" sobre las irregularidades cometidas por el Grupo Macri. Es el primero que el gobierno de Alberto Fernández hace en la causa que investiga el pago de la deuda que el holding de la familia del retrasado mental mantiene con el Estado.
A través de una presentación judicial, el Estado nacional apoyó el pedido de intervención del Correo Argentino S.A. planteado la semana pasada por la fiscal Gabriela Boquin , que denunció el “vacimiento” de esa empresa administrada por la familia de Miauricio Macri Blanco Villegas.
El escrito fue presentado por la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, y es el primero que el gobierno de Alberto Fernández hace en la causa que investiga el pago de la deuda que el Grupo Macri mantiene con el Estado, y que pretendió menguar durante el gobierno anterior.
Boquin fue quien se opuso al acuerdo que el nefasto régimen fascista y neoliberal de la alianza de derecha Cambiemos propuso con la empresa controlada por Socma y Sideco, de la familia Macri, a través del cual quiso firmar la cancelación de una deuda que, por cantidad de cuotas, montos e intereses, era equivalente a una condonación del 99 por ciento de lo adeudado.
Días atrás, la fiscal de la causa había recomendado a la Justicia Comercial la intervención y desplazamiento de las autoridades de la empresa -que está en concurso de acreedores desde hace 18 años-, con la finalidad de impedir que continúe “el vaciamiento”.
Según trascendió, la Procuración apoyó la postura de Boquin y pidió que la causa regrese a primera instancia para que se resuelva si se inicia o no el salvataje de la firma. En este sentido, sostuvo que “hay sobrados elementos que dan cuenta de las graves irregularidades cometidas por la administración de la empresa concursada a lo largo de todo el dilatado proceso”.
La empresa está cerca de la quiebra. En rigor, la Cámara Comercial aprobó en diciembre pasado que entrara en el proceso previo, denominado "cramdown" o salvataje. Según Boquin, esta medida debió activarse hace 15 años.
Una vez abierto, el proceso de salvataje no debiera demorar más de 120 días. En caso de que ninguna empresa se presentara para hacerse cargo de la deuda y proponer un nuevo plan de pagos, será declarada la quiebra.
"Luego de más de 15 años en que se debería haber encauzado el procedimiento del 'cramdown' nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa y/o fueron efectuados violando lo dispuesto en la Ley de Concursos y Quiebras", sostuvo Boquin al acompañar el pedido de salvataje.
Tal como lo consignó este diario, la apertura del registro para iniciar el procedimiento de salvataje fue ordenada el 18 de diciembre último por las camaristas María Gómez Alonso y Matilde Ballerini, luego de que el Estado nacional, principal acreedor, no prestara conformidad a una propuesta de pago.
Algunos meses antes, la Corte había ordenado que continuara el proceso de concurso preventivo del Correo al rechazar un recurso del Estado que pretendía una ampliación del plazo para analizar una oferta de pago.
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