Trama indivisible, vacíos en la investigación y múltiples interrogantes que no fueron resueltos complican chance de sentencia exitosa.
“El caso 'cuadernos' es como una burbuja de detergente, en cuanto sube estalla”, afirman operadores de alta escala que miran lo que ocurre más allá de las paredes de Inodoro Py.
Ayer hizo un año que detonaba el caso “cuadernos” de manera pública, luego de la detención, un día antes, del ex chofer literato del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno (que habla como Monzón y escribe como García Márquez), luego de que llegara a la Justicia el contenido de “cuadernos” supuestamente escritos por él en recorridas junto a funcionarios que luego fueron destruidos. Hoy, de 174 procesados en la causa principal y sus ramificaciones, 47 están a la espera de la inminente elevación a juicio oral, luego de la feria.
El total de quienes podrían elevarse a juicio unificado son 71. Pero por múltiples motivos, el caso se asoma al abismo de un juicio inviable. Cantidad de implicados, marcha atrás de varios de los empresarios acusados, “arrepentimientos” bajo cuestionamiento, ausencia de elementos clave para comprobar la ruta del dinero de los supuestos sobornos y una instrucción atravesada por irregularidades terminan de configurar el escenario que dificulta un pronóstico favorable con miras a una sentencia.
En junio pasado, el propio juez federal clarinista Claudio Bonadio ofreció un panorama de avances con respecto a la causa madre (sobornos) y las que se desprendieron de allí (cartelización de la obra pública, subsidios a trenes y colectivos, concesiones viales y el destino del dinero entregado al exsecretario presidencial Daniel Muñoz). Allí indicó que su recomendación es que todo el paquete termine siendo unificado en la etapa oral. “Seguramente no es el camino más fácil pero será el más exhaustivo y el más seguro si se busca un proceso sólido y contundente en la etapa oral que permita de manera definitiva atribuir las responsabilidades penales que correspondan y se exculpe a quien debe serlo”, apuntó el juez. Eso implicaría un proceso contra 137 empresarios de primera línea, 23 funcionarios encabezados por Cristina Fernández de Kirchner y un puñado de abogados y familiares del fallecido Muñoz.
Pese al impacto político, mediático y económico que tuvo el caso que por primera vez indagó en el sistema de cartelización de la obra pública y un circuito siempre sospechado de corrupción durante el kirchnerismo, existen demasiados “pendientes”. El Talón de Aquiles para el nacimiento de la causa continúa siendo su artificial vinculación con el caso GNL, empaste innecesario salvo para la intervención del tándem Claudio Bonadio-Carlos Stornelli. Los testimonios de los arrepentidos, en especial de los empresarios ofrecen un nuevo flanco. Varios amenazaron con desdecirse en un debate oral y deslizaron su negativa a que el caso fuese elevado a juicio. Aldo Roggio, Carlos Wagner -uno de los principales aportantes de argumentos para vertebrar el esquema que sostuvo la hipótesis de la acusación- aguardaron el momento de la elevación para plantear que debían ser sobreseídos.
A partir de ahora comienza a correr el reloj para la verificación de los testimonios de los primeros arrepentidos que como efecto cascada atravesaron a gran parte de los empresarios que eran apuntados. Es lo que prevé la Ley del Arrepentido. De otra forma, deberían abrirse causas por falso testimonio que anulen el status de colaborador. Quienes insistieron la con naif versión de aportes a la campaña K fueron el presidente de Albanesi, Armando Losón y el ex Emgasud Alejandro Ivanissevich. No solo reafirmaron la hipótesis sino que pidieron el pase a la justicia electoral por tratarse de una cuestión de financiamiento de partidos políticos. Más allá de esto, los hechos contradijeron la mayoría de las “colaboraciones” que dieron en especial los imputados. De hecho subyace un interrogante lógico: si el caso aparece por el circuito de sobornos que eran estructurados bajo la órbita de Roberto Baratta en Planificación, cuál era la función confesada por el financista Ernesto Clarens por la cual los mismos emisarios aportaban un porcentaje de las obras públicas obtenidas tras cartelizarse. ¿Significa que pagaban dos veces? Misterio.
Tampoco se advirtió que las recomendaciones de la Cámara Federal tuvieran acogida: Jamás Bonadio convocó a declarar a integrantes del Grupo Eskenazi y fueron los camaristas los encargados de exculpar al titular del principal holding argentino. Paolo Rocca de Techint con subalternos que confesaron sobornos pero quedaron fuera de la etapa de juicio.
No hubo informes de obras, no existieron auditorías contables sobre los balances de la compañía como ocurrió en el Lava Jato (solo cruces de llamadas con ex funcionarios y extracciones bancarias), no se identificó a las “cuevas” que participaron en el circuito financiero de los pagos que hacían las compañías; nunca se desentrañó por qué ninguna de las cifras anotadas en los cuadernos coincidió con las confesiones de los empresarios, que siempre fueron a menos. Los abogados están agazapados. En pasillos judiciales se hacen una pregunta: ¿Habrá servido el caso para que muchos se vieran forzados a incluir el dinero que formaba parte del reparto de obras entre las propias empresas a espaldas de sus casas matrices? Había un máxima en el negocio de la obra pública: no es tanto negocio ganar las licitaciones como perderlas.
Fuente: nota de Gabriel Morini para Ámbito.com
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