viernes, 2 de agosto de 2019

Detuvieron a un histórico sindicalista portuario acusado de lavado de dinero y extorsión

Se trata de Herme Juárez, secretario general del SUPA. Fue detenido esta mañana por la Policía Federal tras una investigación realizada por la Agencia Federal de Inteligencia.


El secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), Oscar Orlando Herme Juárez, fue detenido ayer a la mañana en el marco de un operativo que incluyó 30 allanamientos. 

Está acusado de haber cometido varios delitos, entre ellos de haber conformado una asociación ilícita que lavó dinero y realizó estafas, con otras figuras penales como malversación de caudales privados y públicos.

Los operativos fueron realizados por la Policía Federal con la asistencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). También participaron en la investigación representantes de la INAES, la AFIP y el Ministerio de Trabajo.

Asimismo fueron detenidas diez personas vinculadas al jefe sindical: su hijo Oscar Juárez, el gerente Gustavo Daniel Badia, el ex tesorero Hernán Mario López, el tesorero Damián Luis Bunuello, Pablo Luis Bunuello, el síndico Ramón Rubén Tevez, el abogado de la cooperativa San Lorenzo Ramón Jorge Jeres, su hermano y presidente de la cooperativa Iván Daniel Juárez y José Luis Gómez.

Juárez fue detenido en su domicilio. En simultáneo se realizaron 31 allanamientos en oficinas, viviendas particulares y sedes de cooperativas y mutuales ubicadas en las localidades de San Lorenzo, Puerto San Martín, Funes y Carcarañá (provincia de Santa Fe), Victoria (Entre Ríos) y Merlo (San Luis).

Juárez, de 78 años, se consolidó como la figura más preponderante entre los trabajadores portuarios del país a lo largo de las últimas décadas. Además de ser el secretario general de SUPA, transcurrió durante nada menos que medio siglo como presidente de la Cooperativa que detenta la explotación del puerto aceitero y cerealero más importante del país.

El sindicalista fue detenido en su lujosa mansión ubicada a unos pocos kilómetros de la ciudad de Rosario en la zona de San Lorenzo, sobre la calle Hugo Parente. 

La medida fue ordenada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. La Justicia habría detectado supuestas maniobras extorsivas que le generaron ganancias inmensas, tanto para él y su familia como para sus más cercanos en la cúpula sindical.

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