La senadora lo pidió en la presentación de su libro y el tigrense propuso un proyecto cajoneado. Lavagna prefiere esperar a negociar con los acreedores.
La deuda externa será uno de los temas centrales del próximo gobierno, por la dificultad que tendrá el presidente elegido para afrontar los vencimientos y la supervisión que elija tener el Congreso de las futuras emisiones de crédito.
En su última presentación del libro "Sinceramente", en Malvinas Argentinas, Cristina Fernández de Kirchner le pidió expresamente a Sergio Massa retomar los proyectos de ley cajoneados para obligar al Poder Ejecutivo a detallar con precisión a los legisladores cada vez que decida endeudarse.
"Deberíamos ponernos de acuerdo en qué tipo de endeudamiento se puede recurrir en Argentina. Nadie va a estar en contra si es para infraestructura y tenemos posibilidades de pago, pero no para hacer la bicicleta financiera y que pongan los dólares, pesos y se lo lleven. Es criminal hacer esto", dijo entonces.
"Sergio (Massa) y otros compañeros y compañeras, creo que hay que pensar en algún mecanismo. No podemos estar librados a la mano de cualquiera que gana una elección a que comprometa a generaciones y generaciones. Algo hay que hacer con esto para que no nos vuelva a pasar otra vez lo mismo", solicitó Cristina, entre aplausos.
Massa aconsejó avanzar con el proyecto aprobado en el Senado en 2016 y caído en febrero último porque en Diputados nunca se trató. El proyecto obliga al gobierno de turno a informar sus emisiones de crédito público al Congreso, con detalles de tipo de deuda, monto de operación, plazos; y amplía esa obligación a las empresas del Estado.
Además, prohíbe endeudarse con legislación extranjera, la prórroga de jurisdicción, un exceso para algunos legisladores de la oposición porque el mecanismo fue avalado en fallos de la Corte y en tal caso cada Gobierno decide si es conveniente o no, previa consulta a los legisladores.
El macrifascista Luciano Laspina escondió el proyecto en la Comisión de Presupuesto, en el peronismo federal, el bloque de los gobernadores, pidieron sin éxito considerarlo varias veces pero fueron ignorados. Y nunca hubo una ofensiva opositora coordinada para imponerlo en el recinto con la mayoría que, por ejemplo, les permitió aprobar una ley para bajar las tarifas vetada por Miauricio Macri Blanco Villegas.
El proyecto citado por Massa fue presentado por Adolfo Rodríguez Saá y respaldado por los senadores del peronismo, mayoría absoluta en el recinto de 2016. Habían avalado la ley para cancelar la deuda con los holdouts y consideraban que, levantado del default, el hijo bobo de Franco Macri debía ser cuidadoso antes de volver a endeudarse.
Nada de eso ocurrió. Según la secretaría de Finanzas la deuda argentina en 2015 apenas superaba 240 mil millones de dólares. En diciembre de 2018, la flamante Oficina de presupuesto del Congreso (OPC) informó un pasivo de U$S 330 mil, un 85,8% del PBI, medido con una cotización del dólar que no llegaba a 40 pesos.
Se agregan los pasivos del Banco Central, como las Leliq, que si bien se licúan con cada devaluación representan una suma exorbitante con vencimientos cortos, un problema que Alberto Fernández logró incorporar al debate de campaña.
Los últimos datos de Finanzas reducen la deuda externa a U$S 323 mil, por cancelaciones recientes, pero con un agravante: el 80% es en moneda extranjera, o sea, crece al ritmo de la devaluación. De ahí que los U$S 5400 millones del FMI que se esperan para las próximas semanas sean esenciales para afrontar vencimientos.
Según el diputado Diego Bobossio, en diciembre último, de cada 100 pesos recaudados por la AFIP 16 se destinaban a cancelar deuda externa, un porcentaje que en este semestre escaló por la devaluación y la caída de la recaudación en términos reales.
La OPC aclara que el año pasado el FMI aportó U$S 28.000 millones, sólo U$S $7.500 millones fueron al Banco Central y el resto a "financiamiento presupuestario". Su ayuda no impidió que el pasivo externo creciera en U$S 11.289 millones y anticipara una curva hacía arriba para los próximos años que coloca a la deuda como la preocupación central de todas las plataformas de campaña.
Los vencimientos el FMI empiezan el próximo año y crecen fuerte entre el 2022 y 2023, cuando habrá que girar más de 40 mil millones de dólares, el 80% de las reservas actuales. Impagable para Alberto Fernández y Roberto Lavagna, quienes vienen pidiendo sin éxito que el régimen inicie una renegociación.
El diputado Marco Lavagna, hijo del candidato y con chances de reelegir por cuatro años más y ser una de las llaves del quórum, sostuvo que los proyectos para restringir la salida a los mercados de deuda eran necesarios para "evitar lo que pasó", pero ahora prefiere esperar una negociación del próximo gobierno con los acreedores antes de retomar el debate.
"Hay que tener un poco de cuidado en materia de deuda. Es mejor primero estabilizar la situación ordenando el perfil de los vencimientos, que el año que viene llegan a 20 mil millones de dólares. Y desarmando los títulos que vencen en corto plazo y las Leliq del Central", agregó Lavagna hijo.
"El proyecto del Senado excede demasiado en lo operativo, porque te pide informar cada emisión. Yo prefiero copiar los límites que tienen las provincias con la ley de responsabilidad fiscal, que limita a endeudarse hasta un 15% de sus recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios", apunta Lavagna.
Aquella ley se sancionó en diciembre de 2017, el año de mayor salto de la deuda argentina (subió de U$S 275 mil millones a 320), y a los pocos meses, con oficio de trader, Luis Caputo licitó 9 mil millones de dólares de duda para anticiparse a la suba de tasas en Estados Unidos, pero cuando este evento finalmente llegó no pudo sostener la corrida bancaria y Macri Blanco Villegas pidió un auxilio al FMI.
Unos días antes de aquellos días de furia en Wall Street, en la bicameral de seguimiento de deuda, Marco Lavagna le preguntó a Caputo si tenía algún atajo previsto para afrontar los pasivos contraídos unos meses antes si se producía una devaluación o una merma de los ingresos tributarios. No le respondió.
"Lo que tenemos que hacer el año en los próximos años es empoderar a la Oficina de Presupuesto y a la bicameral de control deuda para hacer un seguimiento minucioso de cada emisión", propone Marco Lavagna.
El senador Fernando "Pino" Solanas, candidato a diputados de Todos, presentó otro proyecto de ley para derogar el artículo 60 de la ley de administración financiera que permite a los gobiernos no consultar al Congreso para tomar deuda en organismos que integra, como el FMI. Proponen además que la oficina de crédito público sea la única autorizada a emitir deuda y dependa del parlamento, el único autorizado a habilitar empréstitos según la Constitución vigente.
"Hay que entender que todas las deudas que toma Macri están autorizadas por la ley de presupuesto. Así que lamentablemente la deuda no es sólo del macrismo sino de la dirigencia política con representación parlamentaria", aclaró Alejandro Olmos Gaona, cuyo padre homónimo es recordado por haber denunciado la deuda externa del siglo 20 y obtener un fallo favorable del juez Jorge Ballestero en 2002. Hacía un año que Argentina estaba en default.
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