El acto será hoy y es impulsado por jóvenes. Se marcarán esas dependencias como lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico militar.
Este martes se señalizarán las comisarías de Laferrere y General Madariaga como lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura.
La marcación de estos espacios fue impulsada por estudiantes de escuelas secundarias en el marco del programa Jóvenes y Memoria.
La fundadora de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor fue desaparecida el 10 de diciembre de 1977; su cuerpo fue hallado muchos años después en una tumba NN en el cementerio de General Lavalle.
A pocos días de cumplirse 41 años de su desaparición, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le entregó a Cecilia De Vicenti, hija de Azucena, los documentos que la Dirección Inteligencia de la Policía de Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) elaboró sobre su mamá. El acto se realizó ayer en el sitio de memoria del cementerio de General Lavalle.
Durante la última dictadura cívico militar, los cuerpos de los detenidos que fueron arrojados al mar en los vuelos de la muerte aparecieron, un tiempo después, en las costas del mar argentino.
Todos ellos fueron enterrados como NN. En el cementerio de General Lavalle se encontraron, hasta el momento, 33 cadáveres de los cuales 19 ya han sido identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Desde el año pasado, por ordenanza municipal, el cementerio es un sitio de memoria. El proyecto fue promovido por un grupo de docentes y estudiantes de la EEM 1, en el marco del programa Jóvenes y Memoria, que venía investigando desde 2011 la historia clandestina de la necrópolis local.
El 12 de junio de 1977, meses después de la fundación de Madres de Plaza de Mayo, la DIPPBA elaboró una ficha personal de Azucena Villaflor que tiene como primer legajo la denuncia presentada por Azucena por la desaparición de su hijo Néstor De Vicenti y de la novia Raquel Mangin, secuestrados el 30 de noviembre de 1976.
En esa misma ficha se asentará un legajo del 13 de diciembre de 1977 que da cuenta de la denuncia de Pedro Carmelo De Vicenti por la detención de su esposa Azucena por parte de cuatro personas armadas que se desplazaban en un Ford Falcon.
Hasta su disolución en 1998, la DIPPBA siguió recolectando información de referencia sobre Azucena Villaflor: desde las cartas que reclamaban su aparición en los años dictatoriales hasta los volantes y actividades que Madres de Plaza de Mayo realizaba en los aniversarios de su desaparición.
General Lavalle fue uno de los tantos sitios donde fueron enterrados los cuerpos devueltos por el mar. En el cementerio de General Madariaga, al menos 11 víctimas del terrorismo de Estado fueron inhumadas en tumbas NN; hasta ahora, sólo dos fueron identificados. Todo esto también fue investigado por un grupo de jóvenes y docentes que participan del programa de la CPM. Destino clandestino I y II fueron las investigaciones presentadas por la EES 3 de esa localidad en los últimos dos años.
Mientras hacían estos trabajos, la Secretaría de Derechos Humanos le entregó un mapa que identificaba a la comisaría de Madariaga como centro clandestino de detención. Con este dato, durante el último año, decidieron investigar con mayor profundidad la historia de la dependencia policial.
Entre las personas que pasaron por la dependencia estuvieron Jorge Vázquez y Alfredo Valente, dos militantes que se habían exiliado en el interior pero no lograron impedir la persecución. Fueron secuestrados en la comisaría local y luego trasladados; los dos permanecen desaparecidos.
Tras estas investigaciones, y articulando el trabajo con la Comisión por la memoria, la verdad y la justicia de Madariaga, jóvenes y docentes de la EES 3 impulsaron la señalización de la comisaría que se realizará este martes a las 10 horas.
En el mismo momento, la dirección nacional de sitios marcará la comisaría de Gregorio Laferrere como ex centro clandestino de detención.
En 2015, también en el marco de Jóvenes y Memoria, la comunidad educativa de la EES 17 de La Matanza realizó una investigación sobre las memorias del terrorismo de Estado en el barrio, y a raíz de ese trabajo fueron reconstruyendo el rol que tuvo la dependencia policial.
Durante la última dictadura militar, la entonces subcomisaría de Laferrere funcionó bajo la órbita del 1er. Cuerpo de Ejército y formó parte de un circuito de represión integrado por la Brigada de Investigaciones de San Justo, el Pozo de Banfield, la subcomisaría de Haedo y la cárcel de Devoto.
En el esquema de represión, la dependencia policial de Laferrere operó como un centro de derivación, el paso previo a la legalización. Por lo menos, 14 personas pasaron por allí, y una de ellas continúa desaparecida.
"Estos tres trabajos que terminaron por impulsar la recuperación o señalización de lugares asociados al terrorismo de Estado son una muestra del compromiso de las nuevas generaciones con la memoria y la defensa de los derechos humanos", expresaron desde la CPM.
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