La Justicia rechazó el pedido que interpuso la desquiciada líder de la Coalición Cínica y aliada de Cambiemos para evitar una denuncia por daños y perjuicios que le inició el administrador general de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi. "La inmunidad que la Constitución le reconoce a los congresistas es para expresarse, no para denunciar penalmente a cualquier ciudadano por cualquier hecho”, remarcó el Tribunal que ahora investigará a Carrió por montar “una operación de prensa y falsa denuncia”.
A pesar del discurso en contra del uso de los fueros, Elisa Carrió, intentó usar su inmunidad parlamentaria para excusarse frente a la Justicia ante una denuncia que la acusa de montar “una operación de prensa y falsa denuncia”. El Tribunal rechazó el intento de ampararse en sus fueros como diputada frente a la demanda civil que le inició, por daños y perjuicios, el administrador general de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi.
La Sala B de la Cámara Comercial rechazó la "inmunidad parlamentaria" que interpuso Carrió, en una decisión en la que incluyó al secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, Fernando Sánchez, que compartió con la diputada la denuncia penal contra Marchi. Ahora, la infornicable diputada y el funcionario serán investigados sobre si plantearon una falsa denuncia y montaron una "operación de prensa".
"Los demandados, al denunciar penalmente al actor imputándole la comisión de delitos exorbitaron la inmunidad de opinión parlamentaria al ocurrir ante otro poder de la Constitución pretendiendo llevar a juicio a un ciudadano", indicaron los camaristas Roberto Parrilli, Omar Díaz Solimine y Claudio Ramos Feijoó en su fallo del 11 de diciembre.
Los jueces sostuvieron que negar la chance de que Marchi reclame un resarcimiento en el ámbito civil por los daños ocasionados "violaría el límite de igualdad ante la ley".
Carrió y Sánchez denunciaron al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y a Marchi el 13 de enero de 2016 por enriquecimiento ilícito ante el juez Sergio Torres. La denuncia fue luego archivada por inexistencia de delito.
Marchi adujo que al momento de plantear la denuncia penal, afectaron su buen nombre y honor a sabiendas de que la AFIP había declarado la "inexistencia de interés fiscal en el caso".
El funcionario los demandó civilmente un año después, pero Carrió, pese a que sostuvo públicamente que no se ampararía en sus fueros, se defendió argumentando que sus dichos estaban amparados en su función como legisladora.
"Se considera que la imputación de un delito es una cuestión no alcanzada por la inmunidad parlamentaria establecida en el artículo 68 de la Constitución Nacional ya que la denuncia penal no es equiparable a una opinión o discurso, más aún cuando dicha imputación no es una derivación de la actuación atinente a la propia función legislativa asignada", indicó la Sala B.
Además de calificarlo de "testaferro" de Lorenzetti, la paciente psiquiátrica ambulatoria fue mucho más allá sobre imputaciones en el ámbito privado de Marchi, a quien señaló históricamente por manejar los cuantiosos fondos de la Corte.
Carrió también agregó a aquella demanda elementos bajo secreto fiscal de la AFIP que habría recibido mediante un "anónimo", algo que constituía un delito en sí mismo. El camarista Parrilli recordó otros juicios en los cuales falló a favor de Carrió por idénticas demandas.
"La inmunidad que la Constitución le reconoce a los congresistas es para expresarse, no para denunciar penalmente a cualquier ciudadano por cualquier hecho, ni para armar supuestas operaciones de prensa, sin asumir ninguna responsabilidad y aquí son estas últimas las conductas que se les atribuyen" a Carrió y Sánchez, sostuvo el camarista.
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