La Justicia de La Plata avaló al gobierno de María Eugenia Vidal y desestimó el reintegro de descuentos en los salarios a los trabajadores de Astillero Río Santiago, que son la cuestión de fondo en la tensión entre el régimen fascista bonaerense y ATE Ensenada.
El juez Francisco Terrier, a cargo del juzgado contencioso administrativo N° 3 de La Plata, desestimó ayer la medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Se trata de la quita del plus por productividad que el gobierno provincial había eliminado de los salarios de algunos gremialistas que no iban a trabajar todos los días. Esos descuentos son la cuestión de fondo en la tensión entre el régimen fascista de Vidal y los trabajadores de Astillero, en una puja que viene acumulando conflictos.
Hoy el astillero tiene hoy 3.251 trabajadores y el 70% cobra sueldos promedio de $ 40.000. Un 18% pertenece a puestos jerárquicos y percibe salarios que van desde los $ 100.000 a los $ 300.000 por mes.
Los trabajadores cobran hasta un 50% de su sueldo en concepto de "premio a la productividad", un beneficio que el régimen bonaerense actual consideró excesivo.
De acuerdo al presupuesto actual el Astillero gasta $ 3.500 millones al año (alrededor del 15% del déficit fiscal anual). Según información del régimen, sin producción alguna la planta de Ensenada genera sólo el 1% de lo que gasta. El otro 99% lo financian los bonaerenses con sus impuestos.
Durante la gestión de Scioli, el astillero no recibió contratos de trabajo importantes que lo lleven a su máxima capacidad de producción. Sin embargo la planta fue en continuo crecimiento.
Después de varias auditorías, el gobierno de Vidal avanzó con una denuncia penal que apunta a ATE Ensenada. La demanda fue presentada por el interventor del gobierno, Daniel Capdevila, ante el Fiscal General.
Según el texto, aparecen erogaciones fechadas en 2014 y 2015 en favor de ATE sin respaldo legal alguno. En la presentación se sostiene que el Tribunal de Cuentas informó sobre graves anomalías detectadas en pagos efectuados a gremio a través de "una supuesta obligación generada de un acta acuerdo entre el presidente del Ente y las autoridades del gremio".
Según el Tribunal de Cuentas, ese acta no fue homologada por el ministerio de Trabajo ni por los organismos de control de la Provincia (Asesoría de Gobierno, Contaduría y Fiscalía de Estado). Además, en la denuncia consta que el ministerio de Trabajo ni siquiera fue notificado, ni cuenta con copia de la supuesta acta.
En la denuncia figuran ocho pagos por 701.920 pesos realizados en 2014 y 14 pagos por un total de 18.560 millones realizados en 2015. Todos en favor de ATE.
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