La situación judicial de Lula da Silva y la inminente decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre su libertad están generando en Brasil un clima de extrema tensión y la amenaza latente de posibles situaciones de violencia.
Esto obligó a la presidenta del STF (la corte brasileña), Cármen Lúcia Antunes Rocha, a salir a pedir "serenidad" a la población y "respetar las opiniones diferentes" para evitar el "desorden social", cuando se conozca el fallo sobre el hábeas corpus que puede librar de la prisión a Lula.
En un discurso grabado para TV Justicia, el canal del Poder Judicial, Antunes Rocha se pronunció ante los movimientos de protesta que surgieron a raíz de la votación que la máxima corte deberá realizar sobre el hábeas corpus pedido por el ex presidente. "Hay que respetar opiniones diferentes", dijo la titular del STF, segunda en la línea sucesoria del presidente golpista Michel Temer.
Antunes Rocha se reunió con el jefe de la Policía Federal, Rogerio Galloro, para discutir la seguridad del juzgamiento del hábeas corpus de Lula. Grupos antagónicos convocaron a manifestaciones frente al STF, en la plaza de los Tres Poderes, en Brasilia.
"Vivimos tiempos de intolerancia e intransigencia contra personas e instituciones", dijo Antunes Rocha en su discurso, en el cual indica que "diferencias ideológicas no pueden ser motivo de enemistad social".
En ese marco, pidió "serenidad para romper con el marco de violencia, la violencia no es justicia, es venganza y falta de civilidad" y subrayó que "hay que pedir serenidad para que las personas expongan sus ideas y posiciones, de forma legítima y pacífica".
En tanto, el ministro del STF Luís Roberto Barroso declaró que el tribunal no puede actuar de acuerdo con "pasiones de la sociedad o clamor público".
Lula fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción en dos instancias, en el marco de la operación Lava Jato, pero presentó un hábeas corpus para que el STF vote sobre si es lícito perder la libertad aún faltando un fallo de la tercera instancia.
Si lo rechazan, el ex mandatario puede ser detenido este miércoles, pero si lo aceptan tendrá derecho a apelar su pena en libertad. No obstante, no le será fácil el camino hacia las elecciones de octubre ya que puede ser inhabilitado por haber recibido una condena penal ratificada en cámara.
La corte en 2016 sentó jurisprudencia para detener a condenados en segunda instancia -como el caso de Lula- yendo en contra del texto constitucional. El juez Sérgio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, las cabezas de la operación Lava Jato y de la acusación y condena de Lula, dijeron públicamente que la corte debe mantener su jurisprudencia. La defensa de Lula alega que es inconstitucional mantener esta jurisprudencia porque choca con los principios de la carta magna.
El lunes, Lula dijo que espera que la corte "haga justicia" y exigió un juicio justo "no por el derecho a una candidatura sino por el derecho a respetar los derechos".
"No van a encarcelar mis pensamientos ni mis sueños", dijo ante seguidores durante un acto de desagravio organizado por varios partidos de izquierda, que se unieron en forma inédita. El ex presidente fue respaldado incluso por otros precandidatos presidenciales como Manuela Davila, del Partido Comunista de Brasil, y Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
El nivel de tensión también se vio reflejado en unas peligrosas declaraciones del general retirado del Ejército Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, quien dijo que si el STF exime de prisión a Lula inducirá la violencia entre los brasileños. "Se va a derramar sangre, desgraciadamente eso es lo que la gente teme", dijo al diario O Estado de Sao Paulo, y agregó que la crisis "va a ser resuelta con balas" (ver nota aparte en esta misma edición).
Lessa fue más allá y dijo que si el STF habilita una candidatura de Lula y éste gana las elecciones (un escenario probable porque lidera todas las encuestas), las Fuerzas Armadas deberían hacer un golpe de Estado. "Si se mantiene la racha y el cambio de la ley, ahí no tengo duda de que sólo queda el recurso a la reacción armada. Ahí es deber de las Fuerzas Armadas restaurar el orden. Pero no creo que llegaremos hasta allí", declaró.
Tras la difusión de las declaraciones de Lessa, el Ejército informó que representan la "opinión personal" del general retirado. "El Ejército brasileño pauta su actuación dentro de los parámetros legales establecidos por la Constitución Federal y otras normas que rigen el asunto", afirmó en un comunicado citado por el periódico paulista.
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