La empresa, que enfrenta crecientes presiones regulatorias desde el cambio presidencial, será una de las más afectadas por el freno a los beneficios impositivos que habían sido votados por el Congreso. Su mayor facturación está en Brasil.
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| Marcos Galperini, CEO de Mercado Libre |
Mercado Libre, empresa clave en el sector de la economía del conocimiento, sabe que enfrentará una lucha creciente frente al gobierno de Alberto Fernández.
La decisión que adoptó el lunes el Ministerio de Desarrollo Productivo no resultó sorpresiva para la compañía que conduce Marcos Galperín, ya que fue precedida de una serie de gestos y decisiones desde el 10 de diciembre último.
Algunas de estas medidas son regulatorias y tienen un desenlace bastante previsible para la empresa: se buscará acotar su margen de crecimiento. Otras son más complejas, como un viejo dictamen de la AFIP en contra de la empresa que está vigente, que podría reflotarse y dar lugar así a un importante reclamo impositivo en términos retroactivos.
Así lo indicaron fuentes del sector, luego de la suspensión de los beneficios impositivos de la ley del Conocimiento que adoptó antes de ayer la cartera que conduce Matías Kulfas.
La empresa dará todas las batallas que pueda, en términos políticos, legales y discursivos, pero en el entorno de Galperín reconocen que el futuro ya estaba escrito desde aquella reunión con Alberto Fernández en sus oficinas de San Telmo, un día después del triunfo del candidato del peronismo en las elecciones primarias de agosto pasado.
Galperín apoyó públicamente el rumbo económico del nefasto régimen fascista y neoliberal de Miauricio Macri Blanco Vllegas y el nuevo elenco oficialista se lo subrayó desde aquel momento.
Un empresario que lo vio después de aquel encuentro le dijo que “con un gobierno que no será tan cuidadoso de las cuestiones institucionales en sus organismos fiscalizadores y con trabas legales crecientes, tenés que saber que tus perspectivas acá no son buenas”.
Mercado Libre tiene una cotización de UU$ 33.400 millones; el 20 % de su facturación corresponde a sus operaciones en la Argentina y el 60% a las de Brasil.
El resto se reparte entre Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, El Salvador, República Dominicana, Uruguay, Honduras y Venezuela.
“Una empresa que presta servicios puede crecer donde se le brinden las condiciones para hacerlo. No está atada físicamente como una industria tradicional. El Gobierno debería entender esta lógica si quiere que el país genere más dólares”, expresó un empresario del rubro.
Por la ley del conocimiento, que fue votada por unanimidad en el Congreso, la empresa amplió los beneficios impositivos que había comenzado a recibir gracias a otra ley, la del software, impulsada durante la presidencia de Néstor Kirchner en 2004.
Aunque en el ministerio de Kulfas afirman que la suspensión de los beneficios es transitoria, ya que habrá otra resolución que reemplazará a la que quedó sin efecto ayer, también admiten que se tomará en cuenta el tamaño de las empresas para otorgar dichas mejoras impositivas. Es decir que, a mayor tamaño de la empresa, menores beneficios, aunque la compañía genere más empleo y mayor recaudación al fisco.
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