Un auditoría interna reveló serias irregularidades en la empresa naval bonaerense. Desde la paralización de un trabajo por cuestiones políticas al desmanejo en la gestión del personal y sospechas de espionaje. Los detalles.
Una auditoría interna reveló el estado crítico en que el régimen fascista de María Eugenia Vidal dejó al Astillero Río Santiago (ARS), la emblemática empresa bonaerense dedicada a la construcción naval.
La planta operativa está prácticamente abandonada, con gran cantidad de grúas inactivas. Hay una falta generalizada de insumos. De más está decir que se suspendieron obras, algunas muy avanzadas.
De acuerdo al documento, se hallaron incumplimientos financieros y hasta ascensos de personal el último día. Llamó la atención de las nuevas autoridades una sala de monitoreo, instalada en 2018, desde la que se controlaban cámaras y micrófonos, algunos ocultos. Sospechan de espionaje a los trabajadores.
“Hubo una clara intencionalidad para que este estado de abandono se produjera. El objetivo era demostrar que había que cerrarlo”, indican desde la empresa naval.
Falta de inversión
Según el primer estudio sobre el estado de situación de la compañía que realizó la nueva gestión del Astillero Río Santiago (ARS), que preside Ariel Basteiro, en “los últimos 4 años la falta de inversión y planificación llevó a que la planta operativa se encuentre prácticamente sin actividad en toda el área de producción”.
La nueva administración, que habla de “un estado de abandono”, se encontró con que no hubo cuidado de las instalaciones, que hay “una falta de insumos generalizada” (como electrodos, gases y arena en las áreas técnicas). A esto se suma que “no funcionan gran cantidad de grúas y no hay mantenimiento alguno de camiones, máquinas de soldar, tornos, fresadoras”. En lo que hace a la faceta administrativa “no se cuenta con conexión de internet, papeles, fotocopiadoras ni teléfonos”.
Por estas razones, no pueden realizarse los procesos productivos normales “y el personal se encuentra sin posibilidad de desarrollar su labor habitual”, explicaron las autoridades del ARS en el informe que elevaron al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, quien es el funcionario en cuya órbita se encuentra el astillero.
Un dato permite mensurar la dimensión del astillero: hoy tiene 3150 empleados (al inicio de la gestión Cambiemos había 3522) y un presupuesto de 3.170 millones de pesos. En 2006 llegó a entregar barcos a Alemania.
Obras paralizadas
La situación de obras paralizadas mereció un importante apartado en la auditoría que se le elevó al ministro Costa. Un caso paradigmático es la construcción de dos buques petroleros que se acordó con la firma venezolana PDVSA. “A partir de 2016 se percibe la decisión de no continuar con los trabajos”, se menciona en el trabajo. El 23 de marzo de 2018 se firmó una enmienda en el contrato que ARS había firmado con PDVSA por el que se suspendieron todos los pagos y valuaciones por parte de la petrolera venezolana “hasta la entrega del buque 'Eva Perón' del que restaba un 4 % de ejecución desde antes de diciembre de 2015”.
También se paralizó la ejecución de las obras en el otro buque, el “Juana Azurduy”, que ocupa “desde hace siete años la mayor grada de construcción que posee el astillero”.
El astillero también tenía un contrato firmado con la Armada Argentina (data de octubre de 2015) para la construcción de dos lanchas de instrucción para cadetes. “La obra de ambas lanchas se paralizó en el año 2017 con el incumplimiento del contrato de ambas partes: Armada Argentina y Astillero. Esta situación se mantiene hasta la actualidad con las lanchas ocupando las otras dos gradas de construcción del astillero”, se precisa en la auditoría.
A esto se suma:
• La paralización de la construcción de dos remolcadores desde el 2017.
• Un barco que ingresó al astillero para ser reparado también en 2017 sufrió un incendio parcial en 2018 “y desde entonces quedó abandonado”. Esto podría derivar en acciones judiciales por parte del armador.
• Dos barcos totalmente obsoletos, abandonados en el muelle. No hubo contacto con sus propietarios durante los últimos cuatro años.
• Una transformación estructural de un remolcador de un cliente privado se encuentra paralizada desde hace más de dos años.
• Otra irregularidad que saltó a la vista de la nueva administración es que diez barcos de pesca extranjeros (chinos y coreanos) utilizaron el muelle y algunos servicios básicos y de reparación del ARS que no fueron facturados en su totalidad, con documentación contractual incompleta. “Gracias a la intervención del personal del astillero y de las nuevas autoridades se consiguió facturar y cobrar un monto de aproximadamente de 12 millones de pesos”, se resaltó en el informe.
Incumplimientos financieros
Las irregularidades se multiplican en distintos aspectos que hacen al funcionamiento operativo del astillero.
Por ejemplo, bajo la gestión de la alianza de derecha Cambiemos se no ejecutó las pólizas de caución por incumplimiento de proveedores por un valor que ronda los 550.000 dólares, “pudiendo haber hecho uso de derecho a partir del año 2016, generando un perjuicio económico considerable”.
Se agrega un incumplimiento con el Banco Provincia contraído a raíz de la firma de una carta de crédito para afrontar contratos de construcción de barcos que luego no se ejecutaron (o se hicieron de forma parcial).
Desmanejos con el personal
En pos del ajuste que aplicó el macrifascismo en el Estado, se ejecutaron ilegítimos descuentos de haberes al personal. Así fue que dejaron de pagarse, en 2018, dos conceptos que formaban parte de la remuneración del personal durante décadas. Esto derivó en reclamos judiciales, que le dieron la razón a los trabajadores. De acuerdo a la auditoría fueron “todas incumplidas por las autoridades del Astillero. Esto ha originado una deuda con los trabajadores de 500 millones de pesos sin considerar intereses, costas y otros gastos derivados del incumplimiento apuntado”.
Por otro lado, en mayo de 2018 se removió a gran parte de la cúpula gerencial, que personal de carrera. Ante los reclamos judiciales se dictó una medida cautelar que también incumplida por las autoridades cambiemitas. Varios de los echados iniciaron juicios por despido.
¿Espionaje?
Las nuevas autoridades se encontraron con un sistema de cámaras y micrófonos que les llamó la atención.
Según pudo saberse, se toparon con una sala de monitoreo cerrada con llave donde había varios televisores. Desde allí se tenía el control de un amplio sistema de audio y video, distribuidos por el edificio.
En algunos sitios no está más la cámara (algunas se creen que eran “secretas”) pero sí el cableado, informaron desde el astillero a este medio.
La estructura dataría de 2018. También explicaron que no existía algo similar con anterioridad a esa fecha. Entre los hallazgos se cuenta un reloj que graba, un grabador a distancia y micrófonos portátiles.
“Desde esa sala controlaban las 24 horas. O había mucha paranoia o jugaron al espionaje. No se entiende bien”, señalaron desde el ARS. Las sospechas se multiplican porque si se tratara de una vigilancia técnica en el astillero se le debió haber notificado al nuevo presidente de la empresa, algo que no sucedió.
Despidos y ascensos bajo análisis
En la auditoría también surgió que al menos tres gerentes que debían haber renunciado por ser funcionarios políticos fueron despedidos "sin causa" por la anterior presidencia del astillero, previo al cambio de mando. Esto abre la posibilidad de un juicio indemnizatorio contra el estado provincial.
A esto se añade que el 5 de diciembre, a un puñado de días del cambio de gobierno, la gestión saliente promocionó como “jefes” a determinados empleados del astillero. En la actualidad se están analizando esos nombramientos. El macrifascismo repitió esta práctica en distintas esferas estatales.
Todas estas irregularidades surgen del primer relevamiento que se hizo sobre la gestión Cambiemos en el ARS. El nuevo presidente lleva pocos días en el cargo y, según pudo saberse, apunta a profundizar el análisis de situación. Espera cerrar un acuerdo con universidades nacionales para hacer auditorías técnicas y administrativas. Es decir, que lo relatado hasta aquí podría ser solo un primer pantallazo.
Fuente: nota de Francio Mizrahi para El Destape web
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