El mandatario lo hizo apelando a sus atribuciones constitucionales que le permiten tomar esa medida cuando el Congreso le niega dos veces el voto de confianza al gobierno. La mayoría fujimorista respondió con la suspensión de Vizcarra y el nombramiento de Mercedes Aráoz.
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| Martín Vizcarra, presidente de Perú |
La guerra entre el Ejecutivo y el Congreso llegó a su hora final. El presidente Martín Vizcarra anunció el cierre del Congreso dominado por el ultraderechista partido fujimorista Fuerza Popular y sus aliados. Lo hizo apelando a sus atribuciones constitucionales que le permiten tomar esa medida cuando el Congreso le niega dos veces el voto de confianza al gobierno. Aunque formalmente el Parlamento le aprobó el voto de confianza pedido, el presidente ha señalado que en los hechos se lo habían negado al desconocer las razones por las que pidió este voto. Además, Vizcarra llamó a elecciones legislativas que deben realizarse en cuatro meses.
La mayoría parlamentaria respondió calificando de ilegal su cierre y poniendo en marcha un proceso para destituir al presidente. Designaron como presidenta interina a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.
En abierta contradicción histórica, los herederos del ex dictador Alberto Fujimori hablaron de golpe de estado, acusaron a Vizcarra de dictador y amenazaron con enviarlo a la cárcel. La minoría parlamentaria -formada por la pequeña bancada del oficialismo, la izquierda y una derecha liberal- apoyaron la decisión del presidente. En las calles, la población respaldó el cierre constitucional del desacreditado Congreso, identificado con la prepotencia y la protección a políticos acusados de corrupción.
El catalizador de esta crisis final ha sido la decisión de la mayoría parlamentaria de elegir, en un turbio proceso armado en pocos días, a seis nuevos miembros de los siete integrantes del estratégico Tribunal Constitucional (TC), principal instancia jurídica del país. Una maniobra para controlar ese organismo cuando sus principales dirigentes enfrentan procesos por corrupción. El fujimorismo espera que un TC a su medida deje sin efecto la prisión preventiva de su jefa, Keiko Fujimori, procesado por corrupción. Para detener ese intento de copamiento, Vizcarra pidió el voto de confianza condicionado a que se detenga ese proceso de elección y se adopte un nuevo mecanismo más transparente.
Al comenzar el día, la mayoría parlamentaria intentó impedir, cerrando las puertas del hemiciclo, que el jefe del gabinete ministerial, Salvador del Solar, presente ante el Congreso el pedido de confianza. Pero no pudieron hacerlo. Del Solar pudo abrirse paso junto con sus ministros entre congresistas de la mayoría y personal de seguridad que le querían impedir el ingreso. Finalmente pudo hablar unos minutos. “En este momento hago cuestión de confianza”, dijo. Eso ponía el tema del voto de confianza sobre la mesa para que se debata en ese momento. Pero la mayoría parlamentaria no lo hizo, en lugar de eso puso en marcha el cuestionado proceso para elegir a nuevos magistrados del TC.
La mayoría parlamentaria no pudo elegir a seis nuevos miembros del TC como tenían previsto, pero logró elegir a uno. Lo hizo en una sesión de escándalo, con una votación cuestionada por denuncias de manipulación de votos. Un segundo candidato no alcanzó los votos necesarios. Luego de esto, el fujimorismo ya no siguió con la votación y anunció que continuaría este martes. Y agendó para más tarde de ayer el debate y votación del voto de confianza pedido por el presidente. Es decir, cuando ya los hechos estaban consumados, cuando ya no tenía sentido debatir un pedido de confianza relacionado a suspender una votación que ya se había producido.
Cierre del Congreso o destitución del presidente. Esas son las cartas que jugaron en esta última y decisiva batalla. Se ingresa a una etapa de incertidumbre sobre cuál de los dos poderes termine prevaleciendo. Al mismo tiempo que la mayoría parlamentaria concretaba esa burla, el presidente Vizcarra anunciaba su disolución argumentando que al darle trámite a la votación para el TC en los hechos se le había negado el voto de confianza.
Por Carlos Noriega, desde Lima, para Página/12
La OEA afirmó que la Justicia peruana deberá decidir sobre la legalidad de la disolución del Parlamento y pidió “calma ante la crisis”
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| Luis Almagro, secretario general de la OEA |
“La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos considera que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo”, afirmó la OEA en un comunicado.
Asimismo, aseguró que es “un paso constructivo” el llamado a elecciones “y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación” y agregó que “es conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas”.
La Secretaría general, además, pidió a las partes que realicen “gestos que propicien la calma” ante la crisis. “Es prioritario que la ciudadanía no sea expuesta a hechos de violencia en un marco de conflictividad y fragilidad política observable en los últimos meses”, señaló.
Quién es Mercedes Aráoz, la tataranieta de un gobernador argentino que juró ante el Congreso como presidenta interina de Perú
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| Mercedes Aráoz, el lunes, al jurar como presidenta en funciones |
La vicepresidente de Perú, Mercedes Aráoz, juró el lunes ante una facción del Congreso, dominado por el fujimorismo, como “presidenta en funciones” del país, luego de que ese grupo votara la suspensión durante 12 meses del gobernante Martín Vizcarra.
“Estoy asumiendo temporalmente la Presidencia de la República”, señaló Aráoz antes de decir que Vizcarra “ha incurrido en grave infracción constitucional” al anunciar, horas antes, la disolución del Congreso.
La también parlamentaria aseguró que es su “deber como ciudadana, como mujer, como madre y como vicepresidenta asumir este mandato”, a pesar de que la decisión de Vizcarra cuenta con un mayoritario apoyo ciudadano.
Asimismo, llamó a los políticos a “iniciar una etapa de convivencia democrática y un acuerdo de gobernabilidad” y anunció que convocará a la OEA.
Aráoz, una economista de 58 años, fue ministra del segundo gobierno de Alan García (2006-2011). Durante dicha gestión fue señalada como responsable política de la masacre de Bagua, que dejó decenas de muertos y cientos de heridos en las protestas contra inversiones en la región amazónica.
En agosto, la vicepresidenta había anunciado su renuncia a la bancada oficialista, en señal de su distanciamiento, cada vez más explícito, con Vizcarra.
Por parte de su padre, Juan Roberto Araoz Sillau, es tataranieta de Miguel Francisco Aráoz, quien fue gobernador de la provincia de Salta, en Argentina. La familia Aráoz fue una de las más prominentes de la ciudad argentina de Tucumán durante la época colonial, y entre sus miembros se encuentran el prócer de la independencia de Argentina y Perú Francisco Aráoz de Lamadrid, el gobernador de Tucumán, Gregorio Aráoz de Lamadrid y el firmante del acta de la independencia de Argentina Pedro Miguel Aráoz.
Aráoz obtuvo una maestría en Economía en la Universidad de Miami y realizó, además, cursos de especialización en Políticas de Comercio Exterior en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y en la Red Latinoamericana de Política Comercial en Buenos Aires.
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