El máximo tribunal estableció que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias dispuesta por el ex hijastro de Flavia Palmiero tras su derrota en las PASO no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias. Dispuso que el Estado nacional se haga cargo de los costos fiscales.
La Corte Suprema falló a favor de los gobernadores en el reclamo por la rebaja del IVA y Ganancias, y le aclaró al régimen macrifascista que la reducción de los impuestos no puede afectar los fondos coparticipables de las provincias.
Se trata de un fuerte revés para la gestión de Miauricio Macri Blanco Villegas, pero que también puede convertirse en un dolor de cabeza para Alberto Fernández si accede a la presidencia. Es que posiblemente la devolución de los fondos se discutirá en los próximos meses.
Con esta decisión, la Corte obliga al Estado nacional a afrontar el costo económico total de las medidas de "alivio" que anunció el hijo bobo de Franco Macri tras su derrota en las PASO: la suba del mínimo no imponible de Ganancias y la reducción al 0 por ciento del IVA a los alimentos de la canasta básica hasta el 31 de diciembre.
El fallo de la Corte está firmado de manera favorable por los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, a quienes en la Casa Rosada señalan como la "mayoría peronista". El clarinista presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia.
El reclamo beneficia a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
En su fallo, la Corte le dio la razón a los argumentos de Entre Ríos que planteó que el Poder Ejecutivo "detrajo unilateralmente montos de la masa de recaudación de impuestos coparticipables, sin tener competencia para ello" y afirmó que la medida le generaba un perjuicio de mil millones de pesos, según un informe de la Comisión Federal de Impuestos, y que eso la dejaba en "un escenario de extrema gravedad y dificultad para cumplir con las obligaciones".
Los jueces indicaron que tuvieron "especialmente en cuenta" que la medida del régimen macrifascista podría causar un "daño irreparable" porque los fondos que las provincias dejan de percibir ya fueron presupuestados y se encuentran comprometidos a la ejecución de políticas.
En su disidencia, el sorete de Rosenkrantz sostuvo que, previo a proveer a la medida cautelar, debía establecerse si la provincia de Entre Ríos estaba legitimada para efectuar su reclamo.
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