Una resolución publicada en el Boletín Oficial dispone el traslado de la sede central de la cartera de Justicia al predio en el que estuvo el más emblemático centro de detención clandestino de la dictadura y donde hoy funcionan distintos espacios de memoria a cargo de los organismos de derechos humanos.
El régimen macrifascista dispuso el traslado de la sede central del Ministerio de Justicia al predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionan los distintos espacios de memoria a cargo de los organismos de derechos humanos, algunos de los cuales ya advirtieron que la medida podría afectar la independencia de ese espacio de la memoria.
“El gobierno tiene que respetar la independencia de la ex ESMA para que los organismos nos podamos desarrollar con libertad”, puntualizó Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
La agrupación HIJOS, integrante del directorio que co-gobierna ese espacio, se opuso al traslado de la cartera judicial. “Si bien es importante la institucionalidad de la medida, los que integran ese ministerio, Germán Garavano y el secretario Claudio Avruj, han puesto en marcha una política contradictoria con los derechos humanos”, puntualizó Carlos Pisoni, uno de los miembros de esa organización.
La Resolución 761/19 publicada ayer en el Boletín Oficial precisa que la cartera judicial será instalada en el ex Casino de Aspirantes y Cantina, ubicado sobre la calle interna Pinedo, entre Rosales y Ezquerra, y llevará el nombre de “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín”, en homenaje al ex mandatario durante cuyo gobierno se impulsó el Juicio a las Juntas.
Es la primera vez desde la recuperación de ese predio que un organismo de ese rango hará pie en lo que es un bastión de las organizaciones sociales que militan por la memoria, verdad y justicia, y de las que el régimen de derecha de Miauricio Macri Blanco Villegas tomó distancia a los pocos meses de haber asumido.
“Durante estos tres años y medio el gobierno se ha olvidado de los sitios de memoria. Hubo desidia, despidos masivos, desfinanciamiento de programas y abandono del lugar; basta con recorrerlo para darse cuenta”, describió Pisoni.
En su opinión, la resolución que se dio a conocer esta mañana, a días de que se lanzara la campaña para los comicios generales de octubre próximo, “tiene un tinte electoral que no se condice con la política de memoria” de la administración de Cambiemos.
En el predio de la ex ESMA funcionan varios organismos estatales, entre ellos la Secretaría de Derechos Humanos, el Archivo de la Memoria (que depende de esa secretaría), el Instituto del Mercosur para los Derechos Humanos y el Centro de DDHH de la Unesco.
De todas maneras, el hecho de que la sede central de un ministerio pueda ser instalada allí cambia las cosas. “Nos van invadiendo de a poco”, consideró Cortiñas. Por eso, “hay que reforzar la independencia de ese espacio”, añadió y planteó un interrogante: “¿Qué podría pasar si (después de las próximas elecciones) el gobierno cambia o no?”.
La decisión del Poder Ejecutivo se basa en el convenio de 2017 que por 20 años asigna ese edificio para oficinas del Estado, por fuera de las que ya utiliza la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El objetivo es, según el texto de la resolución, “propugnar la exaltación de los valores de Memoria, Verdad y Justicia, y la promoción y defensa de los Derechos Humanos”.
El nombre de “Raúl Alfonsín” se eligió para hacer “referencia a una figura emblemática” del país por su “fuerte compromiso con la Justicia y los Derechos Humanos”, y por haber impulsado “una línea de acción histórica en el campo de la defensa de los Derechos Humanos, creando la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP) para recibir denuncias” por crímenes de lesa humanidad.
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