En un acto poco transparente, Eduardo Casal completó el tribunal encargado de llevar adelante los procesos de jury. Los dos representantes del Ministerio Público designados tienen lazos con el oficialismo.
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| Eduardo Casal, procurador general de la Nación (interino) |
El Procurador interino Eduardo Casal llevó adelante el sorteo para completar el tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal el pasado 26 de marzo. En la Resolución 20/19, que no se hizo pública, dejó conformado el cuerpo con dos vocales titulares y dos suplentes. Como titulares fueron designados el doctor Juan Carlos Paulucci, Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social y la doctora María Alejandra Obregón, Fiscal Federal de Mendoza.
Paulucci fue designado por Casal como fiscal general en la estratégica Cámara del Trabajo. Además, es el hijo de un ex Secretario de Estado del Gobierno de Macri. Juan Pauluci padre ocupó hasta hace poco la Secretaría de Seguridad Social. De hecho, su propio hijo era el encargado de controlarlo desde su cargo en la Cámara de Apelaciones de Seguridad Social. Obregón, por su parte, tiene excelentes lazos con la UCR mendocina. La fiscal tuvo que enfrentar duros cuestionamientos por su accionar en causas de lesa humanidad.
Algunos en la Procuración cuestionan que el sorteo no fue registrado, es decir que no fue filmado, ni tampoco hubo testigos que garanticen la transparencia del mismo. El sorteo tampoco se publicitó, ni antes ni después de haberse realizado, como lo establece la normativa. "Fue entre gallos y media noche", dijo alguien que conoce al dedillo los pasillos del organismo. Lo que debería haber sucedido es la publicación de una resolución en donde se avise del sorteo. Sobre todo para que pueda ser presenciado por quien lo considere. Por ejemplo, los fiscales que están siendo objeto de algún proceso disciplinario hubieran sido los primeros interesados para tutelar la transparencia del acto de designación.
El proceso de remoción de un funcionario judicial dependiente de la Procuración está previsto en la ley del Ministerio Público. En el artículo 77, la norma establece que los funcionarios judiciales sólo pueden ser removidos por ese tribunal de enjuiciamiento que funciona dentro del marco de la Procuración. El cuerpo está compuesto por siete miembros: un vocal designado por el Poder Ejecutivo; un representante del Senado de la Nación; uno por el Consejo Interuniversitario Nacional; dos vocales en representación de los colegios de abogados y los dos del Ministerio Público designados por sorteo. Estos dos últimos son los que fueron sorteados la semana pasada ya que los anteriores tenían sus mandatos vencidos. Según la ley, deben ocupar sus cargos por el término de tres años.
Para iniciar un jury contra un fiscal, primero es el Consejo Evaluador el que debe pedirle al Procurador que avance. En el caso del coimero y corrupto fiscal macrifascista es una posibilidad muy lejana por el momento, ya que la decisión de Casal ha sido respaldar al fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos. Lejos de iniciar el proceso de jury, solo le pidió una explicación formal de por qué no se presentó a ninguno de los cuatro llamados a indagatoria por parte del juez Alejo Ramos Padilla, en la causa por la red de espionaje ilegal. Stornelli tiene diez días para responder, plazo que aún no se cumplió.
En tanto, en el mismo sorteo fueron designados los vocales suplentes. Se trata de la también mendocina María Gloria André, Fiscal General ante los Tribunales Orales en los Criminal Federal de esa provincia; y de Martín López Perrando, fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.
El resto del Tribunal de enjuiciamiento de la Procuración está conformado por Cesar Antonio Grau, en representación del Senado; Francisco Javier Panero por la Federación Argentina de Colegios de Abogados; Laura Calógero por el Colegio Público de Abogados. En tanto por el Consejo Interuniversitario Nacional está Omar Palermo Ércoli mientras que Juan José Benitez es el representante del Poder Ejecutivo.
El suplente por el PEN es nada menos que Juan Bautista Mahiques. Una de las armas judiciales fundamentales que tiene el Gobierno. Es también el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y quien encabezó el pedido de jury contra Ramos Padilla en ese órgano.
Para destituir a un fiscal se necesitan al menos cinco votos. Con estas nuevas designaciones, más el representante del Poder Ejecutivo en el Tribunal de Enjuiciamiento, el oficialismo podría estar cerca de conseguir esa mayoría y bloquear una eventual destitución de Carlos Stornelli, quien -vale recordarlo- continúa en rebeldía.
Fuente: nota de Sofía Caram para Página/12
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