Tras un duro revés de la Cámara Nacional Electoral el viernes pasado, el régimen macrifascista decretó que los cambios en la documentación para realizar el escrutinio se aplicarán recién en las siguientes elecciones legislativas. Desde la oposición adelantaron que igualmente continuarán con la denuncia judicial por inconstitucionalidad.
Tras la protesta de la mayoría de los partidos políticos de la oposición (en especial del PJ) y una diplomática pero dura acordada de la Cámara Nacional Electoral (CNE), el régimen fascista de Miauricio Macri Blanco Villegas se vio obligado a dar marcha atrás con los decretos que modificaban parte de la legislación electoral.
Para evitar que el papelón sea completo, el Poder Ejecutivo emitió un nuevo decreto en el que, camuflado en uno de sus artículos, señala que esos cambios serán aplicables recién en las elecciones legislativas de 2021. De todas maneras, y si bien no entrarán en vigencia para esta elección, desde el peronismo adelantaron a que continuarán con la denuncia judicial por inconstitucionalidad que iniciaron en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, la jueza federal con competencia electoral.
Prácticamente todos los partidos de oposición habían protestado ante la CNE por las modificaciones dispuestas en los decretos 45, 54 y 55, que alteraban la normativa electoral y que habían sido publicados en pleno enero para que pasaran totalmente desapercibidos. Ellos alteraban el llamado a elecciones para los ciudadanos argentinos residentes en el extranjero, así como para las personas privadas de su libertad y también en el caso de las fuerzas de seguridad abocadas a custodiar los comicios. Además, modificaban la documentación probatoria que debía elaborarse el día de la votación lo que afectaba la realización tanto del escrutinio provisorio como el definitivo. De tres papeles que debían confeccionarse, todo quedaba reducido a un "acta de votación", que sería escaneada y transmitida de manera electrónica desde los centros de votación al centro de cómputos. Así dejarían de existir el "acta de apertura y cierre", y el "certificado de escrutinio", que llevaba la firma tanto de las autoridades de mesa como de los fiscales. El nuevo documento que pretendía impulsar el gobierno, denominado "Acta de Votación", sólo sería rubricado por las autoridades de mesa, sin intervención de los representantes de los partidos. “Si no tenés elementos en papel suscriptos por la autoridad de mesa y los fiscales partidarios no tenés elementos de prueba para hacer el escrutinio definitivo en la Justicia”, alertó uno de los participantes de la reunión de Consejo Consultivo que realizaron los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera a fines de marzo.
En el encuentro con los camaristas, los representantes de la oposición pusieron el grito en el cielo cuando vieron que el Presidente estaba modificando legislación electoral mediante un decreto simple. Más aún cuando el Congreso requiere de mayorías especiales para hacer cambios en esa materia. Con la diplomacia que la caracteriza, la CNE recogió los planteos realizados por los partidos políticos (y también por jueces federales electorales realizados en los encuentros del 6 de diciembre de 2018 y 25 de febrero). Emitió el viernes pasado una acordada en la que elogiaba los intentos del régimen por "incorporar tecnología" en el proceso electoral y recordaba que es una postura que ellos han acompañado desde siempre. Sin embargo, ratificaba sus atribuciones sobre la realización del escrutinio definitivo (el provisorio continúa en manos del Ministerio del Interior, pese a los eternos reclamos de creación de un órgano independiente del PEN) y mantenía la necesidad de elaboración de la documentación establecida en la legislación vigente. En concreto, le decía que no se metiera en la confección de esos documentos.
El golpe afecta a la cartera que conduce Rogelio Frigerio, encargado del proceso electoral, y el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián "Pantriste" Pérez, quien se había reunido con los apoderados de las fuerzas políticas el 22 de febrero, a más de un mes de publicados los decretos. Habrá que ver ahora cómo queda el tema del escaneo de los telegramas y su envío por vía electrónica, aspecto sobre el cual alertaron varios especialistas en informática.
Por lo pronto, el régimen tiene hasta el viernes para responder en el juzgado de Servini de Cubría, quien le dio curso al planteo realizado por el PJ. El fiscal del caso es Jorge Di Lello. Lo que seguro ya deberá hacer es eliminar de la página web oficial, el "voto opcional por correo para electores residentes en el exterior", presentado como un "logro" de la actual gestión.
Fuente: nota de Sebastián Abrevaya para Página/12
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