El Procurador interino, Eduardo Casal, designó a los dos fiscales que integran el Tribunal de Enjuiciamiento. Movimiento clave para el Ejecutivo.
El régimen macrifascista no quiere dar puntada sin hilo amarillo y empieza a cubrir las vacantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal (MPF) para tener el control del caso Stornelli.
El 27 de marzo mediante la resolución 20/19, el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, dio un paso clave para empezar a conformar el órgano que lleva adelante el jury contra los fiscales.
El tribunal está conformado por 7 integrantes, de los cuales 2 corresponden al MPF y son seleccionados vía sorteo. Se trata de un fiscal general y un fiscal (es una distinción de jerarquía).
Según explicó Casal, el sorteo se realizó el 26 de marzo en el Salón Malaver de la Procuración, y resultaron electos Juan Carlos Paulucci, Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, y María Alejandra Obregón, Fiscal federal de Mendoza. Son, casualmente, dos integrantes del cuerpo afines a la Casa Rosada.
Con estos nombramientos, el régimen se asegura prácticamente el poder de obstaculizar el avance de cualquier juicio político. Es que según el nuevo reglamento disciplinario, el cuerpo se completa con un representante del Poder Ejecutivo, un senador por la mayoría de la cámara, dos abogados de la matrícula federal (uno por la Federación Argentina de Colegios de Abogados y otro por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) y un representante del Consejo Interuniversitario Nacional. Bastan tres votos para bloquear cualquier jury. Los dos fiscales con el representante del PEN podrían conformar ese bloque.
Por el contrario, para lograr una remoción se requieren 5 votos, por lo que de ser necesario una avanzada, el oficialismo queda a tiro (2 votos) para negociar con los otros actores.
Quiénes son los dos funcionarios judiciales seleccionados
Paulucci es hijo de un ex funcionario del régimen, Juan Carlos Paulucci Malvis, quien fuera secretario de la Seguridad Social en el extinto Ministerio de Trabajo de la Nación.
Durante meses, Paulucci (h) tuvo que controlar a su propio padre ya que es el titular de la Fiscalía N°1 ante la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social, desde donde dictamina sobre cuestiones previsionales, de salud y de evasión de aportes entre otros temas.
Al ahora integrante del Tribunal de Enjuiciamiento, Casal ya lo había beneficiado cuando también lo nombró al frente de la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
Obregón es recordada por muchos de sus pares por favorecer al entonces juez Otilio Romano, acusado de crímenes de lesa humanidad. Lo hizo al avalar una medida a su favor que Romano planteó para evitar que avanzara el proceso para llevarlo a juicio por violaciones a los derechos humanos en Mendoza.
Por su parte, los fiscales suplentes designados en el Tribunal de Enjuiciamiento fueron María Gloria André, Fiscal General ante los Tribunales Orales en los Criminal Federal de Mendoza y Martín López Perrando, Fiscal nacional en lo Criminal y Correccional.
Casal, en sintonía con el avance de dos expedientes presumariales contra el coimero fiscal macrifascista Carlos Stornelli, definió el 25 de marzo ordenar el mentado sorteo, que se concretó dos días después ya que los cargos de los fiscales titulares que integraban ese tribunal, Federico Martin Camiel y Femando Gabriel Alcaraz, habían vencido.
Casal es el sucesor de Alejandra Gils Carbó y fue dejado en el cargo por Miauricio Macri Blanco Villegas, que se sintió bastante a gusto con su accionar.
Los expedientes contra Stornelli
La designación de los dos fiscales en el Tribunal de Enjuiciamiento coincide con el avance de dos expedientes contra el fiscal del caso de las fotocopias de los cuadernos.
El primero se abrió por las 7 imputaciones que le dictaminó el juez federal Alejo Ramos Padilla, en la causa en que se investiga una red de espionaje ilegal con vínculos con la AFI. En este caso, la mano derecha de Casal, Juan Casanovas, a cargo de la secretaría Disciplinaria y Técnica, avanza con diversas medidas de prueba. Por ejemplo, citó a los empleados de la fiscalía de Stornelli a declarar. Aún no giró el caso al Consejo Evaluador, que debe analizar la situación del fiscal y enviar al procurador un dictamen no vinculante con las medidas que sugiere tomar.
El segundo aborda el faltazo de Stornelli a cuatro citaciones indagatorias y la declaración de rebeldía en el mismo expediente. Este es el que más avanzado está de los dos. El titular de la fiscalía federal Nº 4 hizo su descargo y se espera que el trámite prontamente sea evaluado por el Consejo Evaluador (que está integrado por 5 fiscales generales).
Ambos expedientes podrían derivar en un pedido de jury, de allí que la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento no es menor. Sobre todo, si el régimen pretende tener el control del caso Stornelli, sea cual fuere la decisión que tome respecto a su futuro.
Atento a la situación de debilidad en la que quedó envuelto Stornelli, Casal le ofreció el caso de las fotocopias a otros fiscales pero todos los consultados rechazaron el convite. Nadie quiso tomar una causa que, se sabe, está repleta de nulidades. El que tome la posta deberá evaluar todas las irregularidades del proceso y sentar una posición.
Ante este escenario, desde Inodoro Py planean el armado de un equipo de fiscales que pueda avanzar con el caso y evitar que la causa de las fotocopias, que tanto importa a la Casa Rosada, se vea golpeada a partir de la caída en desgracia de uno de sus principales impulsores.
De acuerdo a fuentes judiciales, ese equipo constaría de un fiscal de primera instancia, uno de juicio y otro de Casación. Los nombres que lo conformarían ya circulan por los pasillos de los tribunales de Retiro pero desde la Procuración -que es la que tiene la última palabra- rechazan, al menos por ahora, que ese grupo pueda entrar en funciones. Aseguran que esa posibilidad se descartó.
Así las cosas, mientras el juez federal clarinista Claudio Bonadio y la Cámara Federal porteña blindan a Stornelli en la causa de las fotocopias rechazando las recusaciones en su contra para no dañar el expediente que se abrió con las anotaciones del chofer literato Oscar Centeno, la Procuración gana tiempo y define cómo salir de esta encrucijada pagando el menor costo político posible.
Fuente: nota de Franco Mizrahi para El Destape web
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