El año que viene la provincia de Buenos Aires empieza a enfrentar pesados vencimientos de la deuda externa que tomó Vidal.
María Eugenia Vidal deberá enfrentar un 2019 mucho más complicado de lo que incluso ya se avisora. Por primera vez, su gobierno tendrá que hacer frente a pesados vencimientos de capital e interés de la deuda externa que tomó la gobernadora, que podrían superar los 80.000 millones de pesos.
Fuentes al tanto de los números de la provincia, confirmaron que Vidal sumó deuda externa por un monto total de unos 400 mil millones de pesos. "Se asignó toda a obras públicas", señalaron fuentes de la provincia.
La información oficial publicada por la Contaduría General de la provincia llega a diciembre de 2017. Por entonces, el stock de deuda pública ascendía a 9.599 millones de dólares y 66.945 millones de pesos.
Eso demuestra que una de las características del endeudamiento provincial en los dos últimos años fue su gran componente en moneda extranjera. Una variable que deja a la provincia cada vez más atada a los vaivenes de una economía mundial que atraviesa una zona de turbulencias.
Por caso, la corrida cambiaria de mayo y junio hizo lo suyo e impactó sobre la deuda en dólares aumentando un 30% los costos financieros de la provincia, que recauda en pesos.
La defensa que hacen desde el régimen a la toma de deuda es que era la única alternativa para hacer las obras que la provincia necesita y que el ministro Hernán lacunza calculó en unos 30 mil millones de dólares.
El argumento es irrebatible, durante la gestión de Daniel Scioli la obra pública estuvo postergada y la necesidad de obra es imperante en la provincia más amplia en términos de superficie y con mayor densidad de población.
Sin embargo, un informe difundido esta semana por la CTA en base a los datos de Contaduría sostiene que mientras que el endeudamiento para ese año alcanzó los $ 68.054 millones, los gastos de la inversión real directa (obra pública ejecutada) para el mismo período fueron de $ 24.040 millones.
Como sea, el problema es que estos vencimientos le caen a la provincia justo cuando la gobernadora enfrenta una doble tenaza financiera: El régimen macrifascista quiere reducir casi a cero las asistencias no automáticas a las provincias y además en el caso particular de Buenos Aires, transferirle las distribuidoras eléctricas, AySA y el transporte. Sólo en este último rubro debería absorber un costo de subsidios de unos 16 mil millones y en el caso de la empresa de agua otros 15 mil millones.
Para el caso de las distribuidoras energéticas el subsidio por esos años va directamente sobre la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), por lo que no le significaría gastos al gobierno provincial. El problema es que Macri Blanco Villegas quiere eliminar los subsidios sobre la generación y en ese caso Vidal sería quien debería pagar el costo político de ese nuyeuien deberá hacerse cargo de la situación.
En la primera línea de la discusión están los aportes discrecionales que históricamente el gobierno nacional distribuye a las provincias.
En 2017, Macri le transfirió a Vidal unos 60.000 millones (ver recuadro).
Esos son los fondos extra que Cristina Fernández de Kirchner le transfería a Scioli y que interrumpió en junio de 2012 obligando al entonces gobernador a pagar el aguinaldo en dos cuotas.
A fines de 2017, tras la presión de Vidal con la Corte Suprema, Macri llegó un acuerdo con los gobernadores por el Fondo del Conurbano. En 2018 la provincia de Buenos Aires pasaría a recibir 40.000 millones y en 2019, 65.000 millones de pesos.
Ese acuerdo planteaba una diferencia importante respecto de los 60.000 millones girados anteriormente: a partir de la firma del acuerdo, esos fondos quedaban adjudicados por ley y debían transferirse de manera automática; ya no estaban sujetos al arbitrio del ex hijastro de Flavia Palmieroe. Fue un avance institucional, pero con la quita paralela de las ayudas extraordinarias, Vidal quedó parada en el mismo lugar en términos de fondos netos.
De hecho, con los 40 mil que recibirá este año, está abajo respecto al 2017 y por eso por estos días el equipo que lidera Lacunza mantiene intentas negociaciones con su par de Nación, Nicolás Dujovne, para determinar de cuanto será la ayuda extra este año.
Pero con el ajuste en marcha que baja para el año que viene a cero las transferencias discrecionales y el traspaso de sólo de los subsidios al transporte dejarían a la provincia en una situación incluso peor que la previa al acuerdo por el Fondo del Conurbano. Eso sin contar el impacto de los vencimientos de la deuda.
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