Las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se pronunciaron a favor del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
La declaración se hizo pública horas después de que un grupo de abogados de distintos puntos del país presentara en el Senado un pedido de inconstitucionalidad para bloquear el tratamiento del aborto legal.
Para los académicos, la criminalización “lejos de disminuir la cantidad de abortos” lleva a la clandestinidad y “obliga a interrumpir los embarazos de maneras inseguras reproduciendo las desigualdades en términos de género y clase”.
El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho se expresó “a favor de su despenalización y legalización, en tanto implica trasladar la temática al campo de la salud pública y la responsabilidad del Estado como garante de derechos”, según sostiene el artículo 2 de la declaración firmada por las autoridades académicas. La Facultad también “declaró de interés” las actividades realizadas en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El documento cita las cifras vertidas por el propio ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, que en la última jornada de audiencias informativas en el plenario de Comisiones previo a la votación en Diputados informó que en el país se realizan entre 370.000 y 522.000 abortos por año, con un saldo de 49.000 hospitalizaciones por complicaciones en los abortos inducidos.
“La libertad es uno de los pilares básicos de nuestra democracia. Pero el Estado Argentino impone un límite, restringiendo las libertades individuales de determinadas personas únicamente por su condición de gestantes. Imponiendo ese límite por medio de la habilitación del poder punitivo”, sostuvieron los directivos de la Facultad de Derecho.
Contradiciendo el petitorio de un grupo de abogados, que presentó alrededor de 1.800 firmas para pedir la inconstitucionalidad de la ley, el Consejo Directivo remarcó que la adhesión al aborto legal se enmarca en el artículo 75, inciso 22, del Tratado de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional y garantiza “el derecho a la vida, la salud, la integridad física, psíquica y moral, la intimidad, la dignidad, la igualdad de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar, la autonomía, el derechos a vivir una vida libre de violencia, contra los tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
“Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y por ende el Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas públicas para garantizarlos ya que nuestro país promueve la educación sexual y la difusión de métodos anticonceptivos”, finaliza el texto que será enviado a los senadores.
La Facultad de Derechos no es la primera casa de altos estudios que se pronuncia a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Antes lo hicieron los consejos directivos de la Facultad de Medicina y de Farmacia y Bioquímica, ambas de la UBA.
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