El Consejo de la Magistratura dejó pagarle al dueño del inmueble en 2013. El propietario del edificio reclama el pago de 40 mil dólares mensuales. La Justicia determinó que es un caso de ocupación ilegal.
La Justicia federal ordenó el desalojo del edificio donde funcionan los tribunales federales de Morón, en Crisológo Larralde 673 de esa localidad, por falta de pago del alquiler, una deuda que tiene años.
La orden fue dispuesta por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal a raíz de una demanda del propietario ante la falta de pago del alquiler. La justicia concluyó que se trataba de una ocupación ilegal.
La falta de pago responde a un contrato de alquiler que se renovó desde 2003 hasta el 2013, cuando se rompió porque las partes no pudieron acordar el nuevo precio por la locación. Entonces, el propietario del inmueble, Jorge Azariu, inició un juicio de desalojo por acusar la falta de pago que estima en unos 40 mil dólares mensuales.
En los últimos meses, la Corte Suprema de Justicia le sugirió al Consejo de la Magistratura que inicie los trámites con fines de expropiación del edificio teniendo en cuenta que es un bien afectado a la utilidad pública.
"En esa línea argumental, si bien resulta obvio el impacto que la medida pretendida puede ocasionar en el servicio de justicia, desde que implica la relocalización de la sede de tres juzgados federales, lo cierto es que también aparece claro, en este estado de las actuaciones y a título cautelar, que le asiste derecho al propietario a recuperar el bien a más de 6 años de vencido el contrato de alquiler que había sido firmado con la demandada, y luego de 5 años de no percibir suma alguna como contraprestación por su ocupación", dijo la Cámara.
El fallo, que contó con el voto de los jueces López Castiñeira, Márquez y Caputi, advirtió que "tampoco se vislumbra, siquiera remotamente, que se estén dando los pasos liminares encaminados hacia una solución que, además de dotar fácticamente de espacios físicos a los Tribunales Federales sitos en Morón, instrumente de modo concreto, genuino, práctico, legítimo y acorde con el bloque de normatividad constitucional y convencional vigente dicha ocupación, al menos dentro de razonables pautas temporales".
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