Los diputados de la Coalición Cínica cuestionaron a los representantes del oficialismo por un dictamen que pide desestimar las denuncias contra el juez.
Los diputados que responden a Elisa Carrió abrieron un nuevo frente de conflicto interno en la alianza de derecha Cambiemos al cuestionar duramente a los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura por un dictamen que pide desestimar las denuncias contra el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a quien la diputada acusa de querer meterla presa.
Se trata de un dictamen firmado por el consejero Juan Pablo Más Vélez, un abogado radical ligado a Daniel Angelici, donde sostiene que "no se encuentra reproche alguno" a Canicoba por su crecimiento patrimonial, un tema que le valió cinco denuncias en su contra al juez.
El "alivio" para Canicoba se conoce en momentos en que el magistrado investiga a una supuesta estructura de espionaje ilegal integrada por la AFIP, la AFI, la UIF y el Ministerio de Seguridad para espiar a los jueces de la Corte y del fuero federal.
El dictamen será tratado hoy por la Comisión de Acusación y Disciplina y podría ser el primer paso para que el magistrado se libere de la amenaza de un juicio político. Esto encendió las alertas en la Coalición Cínica (CC), que salió rápidamente a cuestionar a los consejeros del oficialismo.
"No sé qué parte no entienden los representantes de Cambiemos en el Consejo de la Magistratura. La impunidad no se negocia y no es lo que votó la gente. No nos vamos a callar. Seguiremos luchando por una justicia donde los jueces de dudosa fortuna sean investigados profundamente", advirtió a través de Twitter la infornicable Paula Oliveto, que se preguntó con ironía por qué la CC nunca pudo acceder al Consejo.
Juan Manuel López, que presentó una de las denuncias contra Canicoba, sostuvo que "no se puede construir un cambio verdadero de nuestro país con impunidad para lo que no quisieron impartir justicia" y agregó que "una parte muy importante de la sociedad nos va a seguir demandando un Poder Judicial decente. Hoy es todavía un reclamo pendiente".
"Cambiemos en el Consejo de la Magistratura tiene la obligación moral y política de controlar el accionar de los jueces. No fuimos votados para pactos de impunidad o connivencia. Nuestra lucha es por una justicia independiente y transparente", dijo por su parte el futuro jefe del bloque de la CC en la cámara baja, Máxi Ferraro.
En tanto, Marcela Campagnoli le recordó al PRO y la UCR que el 40% de la sociedad que los votó en las elecciones "nos siguen gritando basta de impunidad" y aseguró que "en eso seguiremos trabajando aunque algunos no lo entiendan o miren para otro lado".
El dictamen
Más Vélez sostuvo en su dictamen que las "supuestas irregularidades patrimoniales" de Canicoba "no han podido ser acreditadas" y que las pruebas obtenidas en los últimos diez meses "respaldarían la evolución del patrimonio familiar" del juez y su esposa, a quien en su descargo Canicoba señaló como la responsable del enriquecimiento.
"Pareciera que mi cónyuge no pudiera haber tenido más ingresos económicos que el marido; su labor es menospreciada para hacerla aparecer como una mera acompañante de este magistrado, rayanos en una discriminación de género", había planteado Canicoba, según reseñó el pasquín derechoso y ultraoficialista La Nación.
Más Vélez le dio la razón a Canicoba en ese punto en lo referido al expediente por la denuncia de Tonelli por la vivienda de 2.000.000 de dólares donde vive el juez. "Pareciera que se pretende responsabilizar al magistrado por su sola condición de esposo de la Sra. Tejada Soriano, quien es socia y presidente de Gadega SA (la cual reviste la condición de titular del inmueble en cuestión)", dice el consejero radical.
De todos modos, el abogado oficialista pidió que se mantenga la investigación sobre los presuntos vuelos privados que tomó Canicoba Corral a bordo de aviones de empresarios.
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