Veinte entidades con registro nacional exigieron retrotraer aumentos de medicamentos, extender la rebaja del IVA y más medidas frente a la explosión de precios.
Un grupo de 20 asociaciones de consumidores presentaron un petitorio ante la Secretaría de Comercio para que se amplíe el paquete de medidas de emergencia por la estampida inflacionaria que siguió a la devaluación.
Proyecciones privadas indican que la suba del Indice de Precios al Consumidor de este mes se ubicará entre 4,5 y 5 por ciento. Los representantes de los consumidores reclamaron que se retrotraigan los últimos aumentos de medicamentos, de hasta 20 por ciento, y se restablezcan los precios al 10 de agosto hasta fin de año. También solicitaron la eliminación del IVA no sólo para 14 productos, como hizo el régimen macrifascista, sino para los 50 alimentos que componen la canasta que releva el INDEC, y que la rebaja se aplique de manera directa al consumidor en los pagos con tarjeta de débito. También pidieron extender hasta diciembre los programas de Precios Cuidados y Precios Esenciales con los valores actuales.
"Es necesario que el gobierno responda con decisión a la emergencia que estamos atravesando", planteó Pedro Bussetti, de DEUCO, una de las entidades firmantes del petitorio. Allí también se solicita la convocatoria urgente al Observatorio de Precios, con la participación de la industria, el comercio y los consumidores para fijar pautas que contengan la inflación.
La presentación fue realizada el miércoles al considerar que el salto del tipo de cambio después de las elecciones repercute fuertemente en el poder de compra de la población. “Las medidas tienen como objetivo garantizar el acceso de los argentinos a bienes esenciales para la vida humana, como son los alimentos y medicamentos”, establece el documento, firmado por 20 asociaciones con registro nacional. Entre ellas figuran Consumidores Libres, Consumidores Argentinos, Unión de Usuarios y Consumidores, Adelco, Cruzada Cívica, Adduc, Procurar, Proconsumer, Femudeco, CODEC y Red Argentina de Consumidores. Además, el escrito informa que se dieron “aumentos injustificados en forma preventiva” y que la falta de entrega de mercadería por la inestabilidad monetaria provocó “una situación de inseguridad para los consumidores, que vulnera el derecho esencial al acceso a bienes y servicios”.
Con respecto a los medicamentos, las asociaciones piden que se retrotraiga el valor al 10 de agosto, es decir, el viernes antes de las PASO, cuando el valor del dólar era de 46 pesos. Y luego que se congele hasta fin de año, dado que se registraron subas del 20 por ciento en una semana. “La devaluación motivó una corrección de precios que es apresurada e injustificada y pone en riesgo la salud de jubilados”, dice la solicitud, dirigida al secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner. En una semana aumentaron 3000 medicamentos, según el manual farmacéutico, que corrigió 159 páginas con subas de precios. Según el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, los antibióticos pasaron de 447 a 702 pesos; y los analgésicos de 725 a 970 pesos.
El paquete de medidas anunciado por Miauricio Macri Blanco Villegas no contempló ninguna para los jubilados. El ministro de Producción, Dante Sica, dijo en televisión que esto fue así porque en septiembre recibirán un 20 por ciento de aumento previsto por la Ley de Movilidad. Sin embargo, el número es erróneo: la suba será del 12,2 por ciento, y el haber mínimo quedará en magros 12.937 pesos. Con el cambio del cálculo previsional, en un año los jubilados perdieron 13 por ciento de poder adquisitivo. La inflación de los próximos dos meses, que estará entre 4,5 y 5 por ciento según consultoras privadas, recién será compensada en el aumento de marzo 2019, dado que tiene 6 meses de rezago por la nueva fórmula.
Con respecto a la aplicación del IVA de cero por ciento, las entidades de consumidores piden que se aplique no sólo en 14 productos sino en los 50 de la canasta que releva mensualmente el INDEC. Es decir, sumar carne, queso, manteca, huevos, entre otros. La medida del régimen fue aplicada al pan, leche, aceite, pastas, arroz, harina, polenta, yerba, té, yogur y azúcar. Por otro lado, las asociaciones piden que el descuento del IVA sea efectuado a través de la tarjeta de débito para “favorecer la bancarización, reducir ventas en negro y alcanzar con el beneficio a los sectores sociales más necesitados”. Argumentan que la quita del IVA no se percibe en los comercios chicos, donde los contribuyentes son minoristas y no pueden desagregar el impuesto del costo por ser considerados consumidores finales. “El 40 por ciento de los alimentos se adquieren en este tipo de comercios”, explica el documento. A este pedido se sumó la Unión de Kiosqueros de Argentina, que pidió que los kioscos y almacenes tengan IVA cero, ya que no forman parte del plan. Y solicitaron que se sume al listado alfajores, galletitas, barras de cereal, jugos, sodas y aguas minerales.
En el documento que llegó a la Secretaría de Comercio también se pide que se extiendan hasta fin de año con los mismos precios los programas Precios Esenciales y Precios Cuidados y que se agreguen más productos y más comercios. Precios Cuidados, con 550 productos, termina el 4 de septiembre; Precios Esenciales, con 64 productos, vence el 29 de octubre. Según la consultora Nielsen, el 73 por ciento de los Precios Esenciales se encuentra por debajo del promedio de precio de la categoría a la que pertenecen.
Las 20 asociaciones firmantes fueron DEUCO, ADECUA, ADELCO, La Unión, Consumidores Libres, Consumidores Argentinos, Cruzada Cívica, ADDUC, UCA, ADUC, Procurar, Proconsumer, PADEC, LIDECO, Red Consumidores, Usuarios en defensa de sus derechos, UCU, ACUDA, FEMUDECO y CODEC.
Para argumentar la petición, el documento cita los fundamentos expuestos en el decreto de necesidad y urgencia que dispuso el congelamiento del precio de los combustibles. Allí se establece “que ante la magnitud de los acontecimientos económicos y financieros desencadenados, es obligación del Poder Ejecutivo adoptar medidas específicas para proteger a los consumidores” y agrega que los fundamentos descriptos en el DNU se apoyan en la ley 26.991, “que faculta al Gobierno Nacional a tomar medidas para evitar actitudes distorsivas del mercado, que perjudican las buenas prácticas comerciales y principalmente a las personas en su situación de consumidores”.
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