Veinticuatro horas antes del siniestro fatal una diputada había pedido informes sobre la sospechosa venta del predio sin licitación y autorizada por el gobernador fascista Gerardo Morales.
La tragedia ocurrida el miércoles en la localidad jujeña de San Pedro, donde cinco obreros murieron en el incendio del ingenio La Esperanza, parece tener detrás una trama con ribetes oscuros.
Poco después del siniestro que también dejó un saldo de varias personas internadas, trascendió que la diputada nacional por esa provincia, Carolina Moisés, había presentado 24 horas antes ante la justicia provincial un pedido de informes sobre el estado del proceso de venta del ingenio.
Según argumentó la legisladora, la operación tuvo plazos vencidos en el pago de las cuotas acordadas y originó el despido de 19 trabajadores que no cobraron ninguna indemnización pese a que algunos de ellos llevaban 30 años en la firma.
Moisés realizó la presentación en el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy, dirigida al juez que intervino en la quiebra del complejo azucarero, vendido en mayo último al grupo tucumano Budeguer.
“El 30 de octubre ha vencido el plazo de la segunda cuota a pagar y tenemos información respecto a que la empresa habría pedido una compensación del pago de esa cuota en función de supuestas obras; queremos saber si es así y cuáles han sido esas obras, ya que ésto no estaba previsto en la venta”, dijo la diputada.
Además, añadió que “hay deudas con proveedores y también una deuda millonaria con la obra social de los trabajadores del ingenio”.
Asimismo, Moisés pidió que se informe si “conforme los términos y condiciones de la venta del Ingenio La Esperanza, la firma adquirente ha cumplido con los pagos de la propuesta".
El ingenio La Esperanza estaba, antes de su venta, administrado por el gobierno de Jujuy, a cargo del gobernador fascista Gerardo Morales, quien de un momento a otro quedó en el centro de las miradas.
La quiebra se inició en mayo de este 2019 a partir de una resolución judicial de adjudicación de la venta del complejo al grupo tucumano Budeguer, a cambio de un total de U$S 50 millones.
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