viernes, 22 de noviembre de 2019

Lacunza y Todesca presentaron una ley para para garantizar la independencia del INDEC

Proponen que sea un ente autárquico con un director con mandato de cinco años, prorrogables por otros cinco.


A menos de tres semanas para el cambio de gobierno, el ministro Hernán Lacunza presentó un proyecto de ley para garantizar la independencia del INDEC. "El objetivo es proveer un marco institucional institucional robusto ante las presiones políticas del gobierno de turno", afirmó.

El actual director del instituto estadístico Jorge Todesca también fue parte de la presentación, donde detalló que su cargo tendrá la figura de "director general" y se someterá a concurso público para un mandato de cinco años, prorrogable por otros cinco. "A la vez pone un consejo consultivo integrado por representantes de distintas áreas del gobierno, academia e instituciones científicas. La remoción del director debe ser con acuerdo de dos tercios del parlamento", indicó.

El segundo objetivo, según Lacunza, es adaptar la ley actual que tiene 51 años "a las mejores prácticas internacionales en materia de estadísticas que han evolucionado mucho en las últimas décadas". Sin embargo, a lo largo de toda la conferencia los funcionarios demostraron su preocupación respecto a "las prácticas de la anterior administración". 

"Una de las principales herencias preocupantes fue la debilidad institucional y el emblema de esa debilidad era la pérdida de credibilidad de la estadísticas públicas", dijo Sebastián Katz, viceministro de Hacienda.

En tanto, Lacunza destacó que "gracias al trabajo metódico de Jorge y su equipo", el INDEC ahora "es un orgullo de esta gestión", en "un claro contraste con la gestión anterior donde se habían perdido esas características".

De acuerdo a lo comunicado por el ministerio de Hacienda, el proyecto que será girado en las próximas horas al Congreso establece que el nuevo organismo será un ente autárquico con personería jurídica y patrimonio propio y dependerá de la Jefatura de Gabinete.

"El proyecto llevó de cuatro años de trabajo, con consultas de regulación internacional para buscar las mejores prácticas. Expertos internacionales ayudaron a confeccionarlo y se incorporan los principios que formularon las Naciones Unidas sobre el acceso irrestricto a los registros administrativos", detalló Katz.

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