miércoles, 20 de noviembre de 2019

La ley de alquileres busca la media sanción en Diputados

Este miércoles es la última sesión con la actual conformación. La norma acordada extiende el contrato de alquiler a tres años y contempla una indexación anual mixta de inflación y aumentos salariales. También se debatirá la ley de góndolas, que pone límites a conductas monopólicas en supermercados. 


Diputados sesionará hoy por última vez con la actual composición, antes del recambio parlamentario del 10 de diciembre. La sesión tendrá como ejes la media sanción de la acordada ley de alquileres, que extiende el contrato a tres años y contempla una indexación anual mixta de inflación y aumentos salariales; y la llamada ley de góndolas, que pone límites a conductas monopólicas en supermercados. También están en danza otras iniciativas como la ley nacional de talles y otras propuestas “sin objeciones y disidencias” especialmente de aquellos diputados que terminan su mandato. En tanto, un sector de Cambiemos quiere llevar al recinto un dictamen propio de “ficha limpia”, que propone prohibir las candidaturas de aquellos funcionarios condenados en segunda instancia judicial, que tiene disidencias dentro de su propio intrebloque y duros cuestionamientos en la mayoría de las bancadas hasta ahora opositoras.

Nadie quiere una sesión conflictiva en la que será para muchos diputados la despida de sus bancas. Tampoco será una tradicional sesión de cierre del año legislativo, exenta de disidencias.

La convocatoria para este miércoles tendrá entre sus ejes el trabajoso dictamen sobre la ley de alquileres que rubricaron oficialistas y opositores. El texto introduce varias modificaciones al sistema de alquileres. Entre ellos, la actual duración de un contrato para vivienda, que se extenderá de dos a tres años; la actualización anual del valor del alquiler a través de un índice conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central.

Además, la iniciativa propone fijar un nuevo sistema de garantías y evita que los propietarios exijan a los inquilinos pagos adelantados por montos que superen el valor de un mes de alquiler. La idea es darle media sanción para que el dictamen no pierda estado parlamentario, ya que el Senado no tiene previsto volver a sesionar antes que cierre el periodo de sesiones ordinarias, que finaliza el 30 de noviembre, para convertirla en Ley.

En otro eje será la ley de Góndolas. El dictamen que estará en debate fue el que suscribió el peronismo unido (FpV-PJ, FR y BJ) en mayo pasado pero que nunca había llegado al recinto. El proyecto que busca regular la competencia de marcas en las góndolas de los supermercados para evitar prácticas monopólicas que perjudiquen a los consumidores, fue una de las propuestas del Frente de Todos durante la campaña electoral.

Aunque la iniciativa cuenta con el aval de los distintos bloques legislativos, la diferencia entre el FPV-PJ y Cambiemos no es menor. El dictamen del peronismo propone que los productos de una misma marca no supere el 30 por ciento de la oferta en la góndola, mientras que la alianza de derecha Cambiemos no fija un espacio tope.

Otro punto que ingresaría en el temario del miércoles en Diputados, es la largamente postergada Ley de Talles. El “Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria” (SUNITI), obtuvo dictamen hace pocos días atrás. También se trabaja en confeccionar una lista de otros proyectos “sin objeciones ni disidencias”, que quedaron relegados en un año parlamentario signado por la estrategia del actual oficialismo de clausurar el debate político, y especialmente económico, en el Congreso.

Menos chances de integrar el temario tiene el proyecto de “Ficha Limpia”, una iniciativa que impulsa, entre otros, el radical mendocino Luis Petri, que establece la prohibición de ser candidatos a cargos electorales a las personas condenadas por delitos de corrupción en segunda instancia judicial. Las controversias, incluso dentro de Cambiemos, van desde la constitucionalidad de prohibir a personas sin que haya una condena firme y definitiva hasta la tipificación de los delitos que incluiría la norma.
Fuente: nota de Miguel Jorquera para Página/12

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