La tilinga firmó un decreto que les quita responsabilidades penales y fue repudiado por la CIDH y por Alberto. El enfrentamiento en Cochabamba dejó 23 víctimas fatales.
Los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes en contra de la salida de Evo Morales en Bolivia dejaron el saldo de al menos 23 víctimas fatales, según informó la Comisión Interamericana e Derechos Humanos (CIDH), que alertó además sobre un decreto de la auto proclamada presidenta Jeanine Áñez que desligó de responsabilidades penales a los militares que salen a las calles, una carta abierta para ejecutar manifestantes.
"El personal de las fuerzas armadas que participe de operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal, cuando en cumplimento de las órdenes constitucionales actúen el legítima defensa y en estado de necesidad", dice el artículo 4 de un decreto publicado el viernes por Áñez.
El presidente electo de argentina, Alberto Fernández, se sumó al reclamo y salió a pegarle a Macri Blanco Villegas y a la OEA, a través de Twitter. "El gobierno de facto que usurpó el poder en Bolivia, ha liberado a las fuerzas armadas para que actúen sin tener que responder por sus crímenes. Crece el número de Muertos. El Gobierno argentino calla. La OEA avala", posteó y pidió intervención de la ONU y su alta comisionada en derechos humanos, Michelle Bachelet, que no tardó en responder.
"Mientras que las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar"., sostuvo la ex presidenta chilena.
"Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente, de acuerdo con las normas y estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza, y con un respeto pleno por los derechos humanos", sagregó.
Jerjes Justiniano, ministro de la Presidencia y vocero de Áñez, sostuvo que "de manera distorsionada se dice que es una licencia para matar", cuando la medida "tiene una base legal en la Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas".
"Es un decreto disuasivo porque se trata de evitar la confrontación y más muertes. Lo que se busca es restablecer la paz social en Bolivia", reiteró.
La ONU envió a Bolivia al diplomático Jean Arnault con la misión de frenar pacificar el país y el sábado visitó a Áñez en La Paz.
"Nos sentaremos a conversar sobre estos dos lineamientos: la no violencia, de la pacificación y de la necesidad urgente de un diálogo y la necesidad de construir al objetivo anhelado de la celebración de elecciones libres, transparentes e inclusivas", detalló.
La escalada de violencia tuvo su pico máximo el viernes, cuando columnas del sindicato de cocaleros marcharon hasta Cochabamba y fueron reprimidas por policías y militares. La Defensoría oficial de Bolivia difundió esa noche las identidades de cinco víctimas fatales y 23 heridos y el sábado registró 18 muertos y 500 personas "afectadas".
La CIDH sostuvo que habían perdido la vida 23 personas sólo en ese enfrentamiento, mientras que no hay registros de otros choques que se producen en distintas regiones rurales del país. Por las redes sociales circularon videos de velorios de manifestantes de comunidades indígenas, con la bandera del wiphala sobre los ataúdes.
Las marchas de los seguidores de Evo mantenía este domingo cortados muchos accesos a las principales ciudades y comenzaban a registrarse escasez de comida y combustible. Los productores de la hoja de coca del Chapare realizaron un cabildo en el que dan un plazo de 48 horas para que renuncie Áñez bajo amenaza de un bloque indefinido.
La salida al conflicto no parece fácil por la desprolijidad con la que se manejó la oposición tras la presentación de la renuncia de Morales, que sigue dominando las dos cámaras del Congreso y sus legisladores por ahora se mantienen fieles.
Sin ellos, la rubia de raíces negras se auto proclamó presidenta en una sesión sin quórum reglamentario, en la que ni siquiera se pudo tratar la dimisión del presidente y el vice, Álvaro García Linera. Logró que un tribunal constitucional avalara su designación, nombró un gabinete y se puso en funciones en el palacio quemado.
Los legisladores del Movimiento al Socialismo (MÁS) denunciaron que no les permitieron ingresar a la asamblea y después de varios intentos lograron ingresar al día siguiente y nombraron nuevas autoridades en ambas cámaras. Asimismo, tienen intención de sesionar para revisar la legitimidad de Áñez y definir fecha y condiciones de las nuevas elecciones presidenciales, anunciadas por Morales hace una semana, horas antes de presentar su renuncia por pedido de las fuerzas armadas.
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