La decisión puede complicar la transición negociada con el PJ y tiene destino de judicialización. El registro de sociedades comerciales en el eje de la disputa.
El régimen macrifascista prepara, antes de la retirada, un Decreto de Necesidad y Urgencia para transferir a la órbita de la ciudad de Buenos Aires el Registro de Propiedad Inmueble y el equivalente a la Inspección General de Justicia (IGJ) para la inscripción de sociedades que se radiquen en territorio porteño.
La cuestión, ampliamente discutida y alertada desde algunos sectores afines al kirchnerismo, ya cuenta con un formato "borrador" que está bajo análisis del propio hijo bobo de Franco Macri. El formato elegido, "de necesidad y urgencia" puede complicar la transición con el Frente de Todos y terminar, de plasmarse, siendo judicializado ante el fuero Contencioso Administrativo Federal que se perfila a darlo de baja en cuanto el expediente entre bajo análisis.
La preparación de un DNU encendió las alertas en el equipo técnico del Frente de Todos y fue confirmada a Ámbito por fuentes ligadas al Poder Ejecutivo. El texto se discute hace semanas, luego de las PASO, pero ahora adquirió el estatus de borrador listo para que la lapicera presidencial lo rubrique. El avance es una decisión política de Cambiemos para dotar de mayores facultades al distrito que será gobernado cuatro años más por Horacio Rodríguez Larrata y el reducto hacia donde el PRO se apalancará.
El recelo con el que el peronismo observa el desarrollo del último mes del régimen al frente del Ejecutivo Nacional incluye la sospecha de que el combo podría incluir alguna definición vinculada al Puerto de Buenos Aires, traspaso que el macrifascismo visualizaba cuando todavía tenía expectativas respecto de la reelección. Hasta ahora, sólo hubo una denuncia desde el gremio de portuarios respecto a las autoridades de la Administración General de Puertos SE por la aceleración del nombramiento de directores con mandato por tres años, al filo de la finalización de su gestión.
El traspaso del registro inmueble como del de sociedades no es una novedad: comenzó a tomar vigor junto con los planes de trasnferencia de los tribunales de la justicia nacional a la órbita capitalina. Fueron aprobados parcialmente en el Congreso, pero la situación quedó trabada en el Senado. El traspaso de la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI), ya tienen dictamen de comisión, pero con el recambio de autoridades el panorama podría paralizarse por completo.
Por eso en el PRO resucitaron la idea de un DNU. Los cuestionamientos judiciales girarán no sólo en torno al fondo de la medida, sino por la metodología de aplicación que justifique la "necesidad y urgencia". El DNU sería candidato a ser tachado de inconstitucional, advierten en tribunales. En las últimas semanas, el fuero Contencioso Administrativo Federal ha protagonizado una serie de fallos diametralmente opuestos a las aspiraciones de la Casa Rosada, una señal de fin de ciclo.
La idea de crear una Inspección General de Justicia autónoma en el territorio de la ciudad de Buenos Aires permitirá un registro regulado bajo sus propios criterios para las sociedades jurídicas que se inscriban dentro de los límites de la General Paz. La medida encuentra paraguas en la autonomía constitucional que posee la jusrisdicción capitalina. Pero alertó a opositores y especialistas respecto a las cualidades más laxas que tendrían las regulaciones para inscribir sociedades, lo que habilitaría -denuncian- para que sirva de terreno fértil para el establecimiento de empresas que busquen eludir controles sobre registros más estrictos, como en jurisdicciones denominadas offshore. Es el quid de la cuestión, no tanto el de la Propiedad Inmueble que no despierta mayores objeciones.
El tema ingresó en el terreno de las negociaciones por la transición y puso a la defensiva a los encargados de las tratativas del Frente de Todos. En el Ministerio de Justicia todavía no hubo ningún desembarco y la cartera de Germán Garavano prepara un informe de gestión para entregarle a las nuevas autoridades.
El actual ministro anunció que regresará a la actividad profesional como abogado pero seguirá ligado al PRO a través de su ONG, "Unidos por la Justicia", desde donde aspira a colaborar desde la oposición con políticas públicas ligadas al ámbito judicial. El texto del DNU ya fue elevado a la Secretaría Legal y Técnica donde Pablo Clusellas juega una partida simultánea: busca pasar de la "mesa judicial" que lo tuvo como protagonista a refugiarse en la Auditoría General de la CABA, proceso que ya inició la selección de candidatos.
Fuente: nota de Gabriel Morini para Ámbito.com
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