La vocera del Palacio del Elíseo, Sibeth Ndiaye, afirmó que "son elementos indispensables para la continuación de la discusión" y "esos obstáculos deben levantarse".
El gobierno francés ha fijado tres condiciones medioambientales, sanitarias y de salvaguarda a la rúbrica del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y señaló que "deben ser resueltas imperativamente en los próximos meses antes de dar su visto bueno".
La vocera del Palacio del Elíseo, Sibeth Ndiaye, afirmó que "son elementos indispensables para la continuación de la discusión" y "esos obstáculos deben levantarse" antes del voto por unanimidad de los líderes de la UE a comienzos de 2020".
La portavoz del presidente Emmanuel Macron, reveló que tras recibir los documentos del compromiso alcanzado a finales de junio entre la Comisión Europea y los negociadores de Mercosur, París estima que los textos "no son lo suficientemente sólidos" para garantizar las condiciones medioambientales.
En particular, recordó que "para Francia es imperativo que en cualquier acuerdo comercial la otra parte respete el Acuerdo de París sobre el cambio climático".
El segundo punto se refiere a los medios para que se respeten las normas sanitarias europeas no solo en los productos que puedan ser importados hacia la UE, sino también en los procedimientos para su fabricación.
Según el ministro francés de la Transición Ecológica, François de Rugy, se trataría de que "hubiera inspectores europeos en los países del Mercosur para verificar sobre el terreno".
Por último, Francia quiere tener precisiones sobre la activación de las cláusulas de salvaguarda para los que se consideran "sectores sensibles" que, como el del vacuno, podrían verse trastocado por la llegada de exportaciones desde el Mercosur.
Francia va a poner en marcha en los próximos días una comisión de evaluación sobre el impacto previsible del acuerdo UE-Mercosur sobre su economía.
El texto consensuado el mes pasado debe finalizarse en los próximos meses para que pueda ser validado por un Consejo de Ministros de la UE a finales de año y luego por los líderes de los países miembros a comienzos de 2020. A partir de ahí se pondría en marcha la aprobación por el Parlamento Europeo y por los parlamentos de los Estados de la UE.
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