El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, lanzó una petición pública para reunir firmas e invitó a la sociedad a respaldar el reclamo de las fábricas para evitar pérdidas de puestos de trabajo.
Industriales Pymes Argentinos (IPA) lanzó una campaña de firmas para pedir un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que evite los embargos a las pequeñas y medianas empresas del sector, a fin de preservar los puestos de trabajo.
El presidente de IPA, Daniel Rosato, lanzó una petición pública para reunir firmas e invitó a la sociedad a respaldar el reclamo de las fábricas para evitar pérdidas de puestos de trabajo, ante posibles embargos judiciales contra las pymes de parte de organismos de recaudación como la AFIP, ANSeS y Aduana.
Según se informó en un comunicado, el IPA propuso al régimen macrifascista la firma presidencial de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que permita a las pymes sortear la crisis económica que atraviesa el país, y a la vez evitar una pérdida de ingresos para el Estado ante la posible caída de puestos laborales.
Rosato informó que presentaron ante autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) "para suspender la catarata de embargos por juicios laborales y tributarios que están arrastrando a cientos de pymes argentinas a la quiebra y la informalidad, amenazando decenas de miles de puestos de trabajo".
Según informó IPA en base a los últimos datos publicados por la AFIP, entre abril de 2018 y abril de 2019 cerraron sus puertas 1.676 empresas industriales, y se destruyeron más de 59.304 puestos de trabajo formales en la industria.
"Con las estadísticas en la mano se puede aseverar que la industria pyme es el sector más castigado por la crisis económica", alertó Rosato.
"Una de las mayores causas de esta dramática situación es la feroz avalancha de embargos por juicios laborales y tributarios (AFIP, Anses, Aduana, ARBA, entre otras) que las pequeñas y medianas empresas enfrentan", señala el comunicado.
"Cada vez que las cuentas bancarias de una pyme son congeladas, una empresa es condenada a muerte y sus trabajadores arrojados al desempleo o la informalidad", alertó el titular de la entidad pyme.
Por este motivo, el IPA le propuso a Miauricio Macri Blanco Villegas, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Producción y Trabajo, un proyecto de DNU que plantea, hasta diciembre de 2020, la suspensión del cobro de intereses por deudas tributarias que aplican AFIP y Aduana a las pymes.
Solicitan además la suspensión de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de obligaciones tributarias, aduaneras y previsionales (AFIP, Aduana y ANSeS), como también la suspensión de los embargos y otras medidas cautelares, entre otros reclamos.
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