El radicalismo cuestionó la licitación de una obra de U$S 2.000 millones para Vaca Muerta

El Instituto Mosconi que dirige Jorge Lapeña exigió que antes de licitar se hagan los estudios de factibilidad necesarios y se asegure el financiamiento.

En línea con una campaña electoral que se esfuerza por mostrar una gestión repleta de obras públicas, ayer, el régimen macrifascista confirmó la convocatoria a licitación de un gasoducto de U$S 2.000 millones para Vaca Muerta y, sin embargo, despertó numerosas críticas de sus socios radicales.

Se trata de un caño de mil kilómetros de extensión que irá desde el corazón de Neuquén hasta los alrededores de San Nicolás -en el norte de la provincia de Buenos Aires- con el objetivo de descomprimir la saturada capacidad de transporte del gas local.

El problema es que los especialistas del sector destacan la improvisación del anuncio por la urgencia electoral que torna vulnerable muchos aspectos del plan. "Es un proyecto que no tiene ningún estudio de factibilidad, todo quedó en manos de los privados que harán las ofertas", aseguró el vicepresidente del Instituto Mosconi, Gerardo Rabinovich.

Por su parte, el presidente de dicha entidad, el radical Jorge Lapeña, pidió evitar este "error argentino repetido" de lanzar proyectos de infraestructura sin estudios previos e hizo hincapié en la necesidad de conocer "el monto de las inversiones, su cronograma, los volúmenes de gas que se transportarán, los flujos financieros y el repago de los mismos con intereses reales, las garantías que se darán a quienes financien las obras y cómo se trasladarán los costos del proyecto a los usuarios residenciales de electricidad y gas natural".

Es que si bien el DNU 465/2019 publicado en el Boletín Oficial subraya que "los usuarios no tendrán que afrontar el pago de modificación alguna en la tarifa a abonar con motivo de la ejecución del proyecto referido", en el sector bromean utilizando una repetida frase de Macri Blanco Villegas para criticar los subsidios tarifarios: "nada es gratis".

De acuerdo a fuentes oficiales, el costo de la primera etapa de la obra -que unirá la localidad de Tratayén con Salliqueló- será financiado con aportes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (ANSeS) y una parte de la suma estará a cargo de la empresa que resulte adjudicada.

Jorge Lapeña, presidente del Instituto Mosconi

No obstante, al no quedar claro en el Boletín Oficial, el mecanismo de financiamiento es uno de los aspectos que más dudas generan. 

"Con una macroeconomía débil como la actual, cuando vienen con anuncios faraónicos de este estilo yo prefiero ver para creer. Sinceramente no veo un gran interés en los privados, no hay un clima de negocios y no parece haber un sustento financiero privado", cuestionó el especialista Andrés Di Pelino.

Además del impacto electoral, el apuro del Gobierno por lanzar esta primera etapa que llegará a las cercanías de Bahía Blanca reside en el interés de YPF por construir una planta para exportar gas licuado que sin este ducto, sería imposible de concretar.

Esto queda claro en el comunicado oficial que coloca entre los objetivos del proyecto "exportar gas natural licuado (GNL)" y anticipa que sólo con liberarse de esta restricción de capacidad de transporte, "la producción de gas crecería de manera más acelerada, acompañando el crecimiento de la demanda doméstica y posibilitando el incremento de las exportaciones".

La obra, a su vez, favorece directamente a la petrolera de Techint que es una de las que presentan más problemas de evacuación de gas al contar prácticamente con la totalidad de su producción en un único mega yacimiento localizado en el centro de la cuenca neuquina. Tras el conflicto por el recorte de subsidios de la Resolución 46 que llevó a Paolo Rocca a demandar al Estado argentino, dentro del sector se ha especulado en reiteradas ocasiones con un arreglo de estas características que evite el inicio del juicio, lo que es negado por ambas partes.

Otra de las polémicas pasa por el régimen especial de 17 años que gozarían las empresas ganadoras de la licitación, que se sumará a una licencia de 35 años con la posibilidad de extenderla por otros 10 adicionales.