Los legisladores de Cambiemos no quieren firmar el informe final de la bicameral, porque responsabiliza al ministro por no advertir las averías del submarino.
Los legisladores de la alianza de derecha Cambiemos se niegan a firmar el informe final de la bicameral encargada de investigar las causas del hundimiento del submarino Ara San Juan, el 15 de noviembre de 2017, hallado un año más tarde en el fondo del mar por la compañía inglesa Ocean Infinity.
La resistencia se debe a que la redacción del documento, a cargo del secretario de la comisión Carlos Álvarez, no desliga de responsabilidad al ministro de Defensa, Oscar Aguad, por no haber advertido a tiempo la falla técnica que, según su descripción, ocasionó la implosión de la nave y la muerte inmediata de sus 44 tripulantes.
Álvarez tomó como base los testimonios de funcionarios, militares y del propio Aguad, quien en diciembre admitió que de haber sabido del ingreso de agua a la nave y del incendio en las baterías cuando se encontraba en zona de periscopio, no habría autorizado su inmersión en la profundidad, donde explotó unas horas más tarde.
Mientras la oposición lo considera al menos responsable secundario de tamaña negligencia por ser la última parte de la cadena de mando, previa a Miauricio Macri Blanco Villegas, en Cambiemos creen que las culpas deben restringirse a las autoridades de la Armada, luego separadas por el ministro.
"Marcelo Srur era el jefe de la Armada y no informó al ministro, que estaba en Canadá y ni bien tomó conocimiento del hecho retornó al país", sostuvo uno de los legisladores oficialistas que prepara un dictamen propio para el jueves 18 de julio, fecha elegida para presentar el informe final en el Salón de Pasos por el senador del PJ José Ojeda, presidente de la bicameral.
En su última visita a la comisión, en diciembre, Srur también se presentó como víctima de ocultamiento de información por parte de sus subordinados, pero sorprendió al admitir que el submarino no estaba preparado para navegar solo y el capitán Pedro Fernández presionó para zarpar y se salió con la suya. Una declaración similar realizó el último mes Aguad, cuando dijo que los tripulantes no estaban suficientemente entrenados.
El almirante y el ministro sugieren que los culpables de ocultar información fueron Luis López Mazzeo, ex jefe del comando de adiestramiento en Puerto Belgrano; y Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos, desplazados en sumarios express que abrieron una feroz interna en la armada, con pases a retiros y denuncias de falsos testimonios.
Ante los legisladores, el ministro no supo explicar por qué cuando sucedió el hundimiento Srur estaba en Uruguay y López Mazzeo, a cargo de todas las fuerzas navales, participaba de una charla en Buenos Aires y luego viajó a un programa sanitario en Chaco.
La diputada kirchnerista Nilda Garré, ex ministra de Defensa, le repitió una y mil veces que su misión es también la de supervisar al personal y por más sanciones que aplique debe hacerse cargo de las desobediencias.
Pero jamás puso en duda su relato, porque conoce a los almirantes y en 2008 vivió una situación similar, cuando supo de una falla en el ARA Santa Cruz mientras navegaba hacia Chile y ordenó sacarlo a flote en Ushuaia. Aguad hubiera procedido igual si recibía información a tiempo.
López Macedo negó su responsabilidad ante la bicameral y en reuniones privadas con los legisladores aseguró que Aguad pudo haber evitado pagarle una fortuna a Ocean Infinity porque ya conocía la zona donde se produjo la anomalía hidroacústica y en la que finalmente se hallaron los restos de la nave.
Para aportar intriga, en el Congreso, Srur señaló que esa información la llevó el propio López Mazzeo, en un sobre cerrado y a partir de "un contacto personal" con la armada de Estados Unidos.
Otro punto de discordia es el trato de los familiares de las víctimas, porque el informe responsabiliza a Aguad de que hayan llegado a encadenarse en plaza de mayo por falta de respuestas. "El ministro les dio alojamiento y comida. No podemos decir que no los ayudó".
Uno de los familiares de perfil más alto fue el abogado Luis Tagliapietra, querellante y con varios pedidos de juicio político a Aguad y a la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yañez, a cargo de la investigación de las causas del hundimiento, en una causa que nunca tuvo siquiera una imputación.
Celosa de su trabajo, Yañez vivió varios tironeos con Álvarez, el secretario de la bicameral, por negarse a darle información. La necesitaba para redactar el informe final, que no todos los legisladores quieren firmar.
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