Más allá de quién resulte ganador en las próximas elecciones, le deuda con el FMI, el dólar y la inflación serán temas acuciantes en el marco de una crisis que todavía no tocó fondo.
Si los hechos no encajan con la teoría, cambia los hechos. La herencia que dejará la alianza de derecha Cambiemos en el poder indica que será sumamente compleja y desafiante la próxima administración de Gobierno. Pero lo será aún más para amplios sectores de la sociedad que hoy parecen salirse del sistema a fuerza de exclusión económica. Hay que decirlo claramente: en los primeros meses de 2020 llegará lo peor de la crisis.
En rigor, se acelera la crisis. El impacto es y será más fuerte aún y el principal error sería pensar que ahora viene la recuperación o que lo peor ya pasó, como indican irresponsablemente el FMI y la Casa Rosada. No hay que creer. Hay que anticiparse. El descalabro económico es tal, que aún no hay registro alguno de un freno en esa caída libre. Por eso se entiende que un sector del peronismo se haya encolumnado detrás de la fórmula Alberto Fernández-CFK. Porque esa concepción se funda en la acertada idea de que la crisis económica y social ha tomado velocidad y, por ahora, resulta imparable. Esperar lo inesperado. Aceptar lo inaceptable.
Puede hacerse un análisis electoralista. Podría pensarse que la fórmula Fernández-Fernández se forja para sumar votos de los desencantados con Cambiemos que no querían a CFK en la presidencia. Pero esa lectura sería incompleta. La decisión parece anclar en la idea de que, una vez en el poder, será indispensable una mega-negociación, que implicará, en términos prácticos, varias capitulaciones. Lo más importante: el flamante gobierno electo no podrá poner en marcha el país de la noche a la mañana, no habrá cambio mágico ni golpe de efecto. No existe tal posibilidad para el estado de cosas que dejará Cambiemos.
Por eso la llave para enfrentar el complejo escenario socioeconómico que se avecina implicará para el futuro presidente el diálogo con otros sectores de la política, incluida la propia base dura del kirchnerismo que espera un volantazo instantáneo que impacte de lleno en la vida cotidiana de millones de personas. Pero acaso será esencial la negociación con aquellos sectores que parecen detentar el verdadero poder de acción y coacción de la Argentina. Porque la negociación más importante no es con otras fuerzas políticas, sino con los bancos, el agro, las finanzas internacionales, los acreedores, sindicatos, los bonistas, los plazofijistas, la corporación mediática, el sector industrial, petroleras, los dueños de los servicios públicos, los peajes, las empresas de construcción, los opacos resortes del poder judicial, entre muchos otros. Para que se entienda: en esta negociación, muchos de estos sectores deberán apostar por necesidad y perder por obligación. En su libro, CFK entiende que esto no es 2003 ni 2007. Tampoco es 2015. La urgencia es que amplios sectores de la ciudadanía no sigan cayendo por debajo de la línea de pobreza que es lo que está pasando ahora mismo y lo que podría pasar con mayor velocidad a fin de año. Tan terrible es todo.
Si bien es cierto que desde 2011 la economía no lograba sacar a mayor cantidad de argentinos de la pobreza, lo concreto es que en los últimos tres años casi 2 millones de personas más han descendido a ese estado producto de las decisiones de política económica. La economía está quebrada. Casi la mitad del parque industrial está parado y con capacidad ociosa. La inflación sigue tallando duro y suma 56% en los últimos 12 meses y el desempleo llegará a los dos dígitos en la próxima medición pero se pondrá aún peor. Las reservas en el BCRA caen a razón de U$S 200 millones por día. Los intereses que pagará el BCRA este año en concepto de Leliqs, cuya única función es frenar que esos pesos se vayan al dólar, serán el equivalente a U$S 12.000 millones. La deuda pública ya es el equivalente al 100 por ciento del PBI. Los intereses de esa deuda ya significan 3,6% del PBI. Crece a razón de $ 1 millón por minuto. Una parte relevante de esa deuda (el 58%) ya está en manos de deudores privados y organismos de crédito. Es lo que habrá que renegociar si se quiere utilizar esos recursos para poner en marcha la economía a través de la demanda agregada y el freno a la caída libre de las dificultades de la vida material.
La realidad es que estamos en presencia de una depresión económica. Existe una gran disminución sostenida de producción y consumo, sumado a un mayor desempleo, la restricción del crédito, una reducción drástica de la producción y de la inversión, quiebras que se acumulan, volúmenes de comercio que se repliega en forma constante, así como variaciones de tasas y un mercado financiero del dólar volátil, con fuertes devaluaciones en capítulos. La inflación también es un elemento común de la depresión. En rigor, se diferencia de una recesión en que ésta solo es una desaceleración normal y pasajera del ciclo económico, mientras que una depresión es el punto más bajo del ciclo económico.
Cambiemos dejará entonces una deuda en dólares que excede la que encontró con una economía dinamitada para poder pagar esa deuda y recortes fuertes en materia de autonomía para tratar de modificar la dirección de la política. Hacia allí van entonces todos los esfuerzos.
Fuente: nota de Julián Guarino para Ámbito.com
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