Preso desde abril de 2018 en un cárcel de Curitiba, el líder del PT fue condenado ahora en otra causa por delitos de corrupción y lavado de dinero. La sentencia la dictó una jueza de primera instancia y puede ser apelada.
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado ayer nuevamente a 12 años y 11 meses de prisión por presuntos crímenes de corrupción y lavado de dinero. La sentencia fue dictada por la jueza Gabriela Hardt, quien sustituyó al ex juez Sergio Moro, en el Tribunal Federal de Paraná, cuando el hijo de puta pasó a ser ministro de Justicia del ultraderechista Jair Bolsonazi.
Hardt entendió que el ex mandatario había sido favorecido por las empresas OAS y Odebrecht con reformas hechas en una casa de campo que frecuentaba en el municipio de Atibaia, en el estado de San Pablo. Según la investigación, dichas empresas pagaron las obras de dicha propiedad, que equivalían a 1,26 millones de reales, según la denuncia, con recursos desviados de contratos con la petrolera estatal Petrobras. Los fiscales argumentaron que Lula encabezó una organización criminal y, dijeron, de modo consciente y voluntario, disimuló el origen de los valores invertidos en las reformas de la casa de campo, que era propiedad de los empresarios Fernando Bittar y Jonas Suassuna.
“Es posible concluir por encima de cualquier duda razonable que los valores para costear la reforma provenían de ilícitos anteriores cometidos en provecho de la compañía (Odebrecht- OAS) y que Lula tuvo participación activa en este esquema, tanto por garantizar el recibo de valores para la caja del partido al cual está vinculado (Partido de los Trabajadores –PT), como por recibir parte de dichos valores en beneficio propio”, afirmó la jueza, citada por el diario Folha de San Pablo.
La defensa de Lula, sin embargo, alega que el ex presidente nunca fue informado sobre las reformas realizadas y que tampoco existen pruebas de que él hubiera pedido realizar esas obras a cambio de negocios con su administración. Además, los abogados del lider petista negaron que Lula fuera el propietario secreto de la casa, sino que la frecuentaba porque era amigo de la familia de Jacó Bittar, padre de Fernando Bittar, uno de los dueños de la propiedad.
Si bien la jueza fundamenta su sentencia en las irregularidades de los contratos de OAS y de Odebrecht con Petrobrás, comprobadas por las auditorias internas de la empresa estatal, y en las confesiones de los propios empresarios arrepentidos, también admite que no hay pruebas de que los pagos de los contratos hayan sido utilizados para pagar campañas o gastos personales de ningún dirigente del PT.
La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, por su parte, denunció que “la persecución a Lula no para”. La senadora escribió en su cuenta de Twitter que “una segunda condena fue proferida exactamente cuando crece la posibilidad de que Lula sea Nobel de la Paz. En la memoria del pueblo y en la historia, Lula será siempre mayor que sus verdugos”.
En la misma resolución, Hardt condenó a algunos empresarios, entre ellos al ex presidente de OAS, José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses de prisión); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses de cárcel), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses de detención).
Lula ya cumple condena desde el pasado abril por otro presunto caso de corrupción, a pesar de que durante el juicio no se pudieron demostrar ninguna de las acusaciones en su contra.
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