El PT cuestionó la nueva condena a Lula

Lula está "rabioso pero no abatido" tras conocer la segunda condena en su contra en la causa Lava Jato iniciada en 2014 por Sergio Moro. El fundador del Partido de los Trabajadores (PT) conversó ayer por la mañana en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba con su abogado Manoel Caetano.

Bajo la consigna "Lula Libre" el PT convocó a concentraciones en varias capitales brasileñas para repudiar la reciente, y al parecer apresurada, sentencia de doce años y once meses firmada por Gabriela Hardt. 

Esa jueza suplente de la primera instancia federal curitibana fue designada en reemplazo de Moro que desde el 1º de enero es el "superministro" de Justicia de Jair Bolsonazi.

En su fundamentación, Hardt sostuvo que el imputado fue culpable de corrupción pasiva y lavado de dinero por la refacción de una residencia de fin de semana en Atibaia, interior de San Pablo, que estuvo a cargo de las constructoras OAS y Odebrecht. Sin embargo, en el mismo escrito, la magistrada admitió no tener elementos para probar que la quinta fuera propiedad de Lula, lo que derrumba la argumentación de la pena de esta jueza ligada Moro.

Entre paréntesis: Bolsonazi dijo, en uno de sus últimos discursos de campaña en octubre pasado, que si fuera electo Lula iba a "pudrirse" en la prisión. La nueva decisión judicial autoriza a sospechar que la decisión política del flamante gobierno es que se cumpla aquella amenaza de campaña.

Este jueves el ex tornero mecánico y dos veces mandatario cumplió diez meses en la Superintendencia de la Policía Federal, donde purga doce años y 1 mes de arresto. La suma de las dos penas suman 25 años de encierro para el líder de 73 años.

El fallo sobre la quinta de Atibaia se divulgó justamente cuando el imputado fue "candidateado para el Nobel de la Paz por más de medio millón de respaldos", apuntó un comunicado del PT.

Allegados al jefe petista comentaron al diario Folha que el escrito de la jueza Hardt presenta errores de digitación e imprecisiones, entre ellos la invocación de un mismo delator con dos nombres distintos. El apuro se atribuye a la intención de enlodar al prisionero cuando está en la recta final de la carrera al Nobel, postulación lanzada por el argentino Adolfo Pérez Esquivel.

"No creo en el actual gobierno brasileño ni en su sistema de justicia, no hay ninguna garantía sobre la vida de Lula, este es el miedo y la preocupación que tenemos", declaró esta semana el Nobel argentino al periódico español Público.

Trascendió que el detenido podría ser trasladado a una cárcel común, algo que nunca ocurrió con un ex presidente brasileño. No será la primera decisión abusiva en su contra: el mes pasado se le prohibió ir al velorio de su hermano y antes de ello fue impedido de votar y conceder entrevistas a la prensa, pese a que son actividades permitidas por la ley.

Fuente: nota de Darío Pignotti, desde Brasilia, para Página/12

Continúa la persecución a Lula: la primera condena de la era Bolsonazi

Preso desde abril de 2018 en un cárcel de Curitiba, el líder del PT fue condenado ahora en otra causa por delitos de corrupción y lavado de dinero. La sentencia la dictó una jueza de primera instancia y puede ser apelada.

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado ayer nuevamente a 12 años y 11 meses de prisión por presuntos crímenes de corrupción y lavado de dinero. La sentencia fue dictada por la jueza Gabriela Hardt, quien sustituyó al ex juez Sergio Moro, en el Tribunal Federal de Paraná, cuando el hijo de puta pasó a ser ministro de Justicia del ultraderechista Jair Bolsonazi.

Hardt entendió que el ex mandatario había sido favorecido por las empresas OAS y Odebrecht con reformas hechas en una casa de campo que frecuentaba en el municipio de Atibaia, en el estado de San Pablo. Según la investigación, dichas empresas pagaron las obras de dicha propiedad, que equivalían a 1,26 millones de reales, según la denuncia, con recursos desviados de contratos con la petrolera estatal Petrobras. Los fiscales argumentaron que Lula encabezó una organización criminal y, dijeron, de modo consciente y voluntario, disimuló el origen de los valores invertidos en las reformas de la casa de campo, que era propiedad de los empresarios Fernando Bittar y Jonas Suassuna.

“Es posible concluir por encima de cualquier duda razonable que los valores para costear la reforma provenían de ilícitos anteriores cometidos en provecho de la compañía (Odebrecht- OAS) y que Lula tuvo participación activa en este esquema, tanto por garantizar el recibo de valores para la caja del partido al cual está vinculado (Partido de los Trabajadores –PT), como por recibir parte de dichos valores en beneficio propio”, afirmó la jueza, citada por el diario Folha de San Pablo.

La defensa de Lula, sin embargo, alega que el ex presidente nunca fue informado sobre las reformas realizadas y que tampoco existen pruebas de que él hubiera pedido realizar esas obras a cambio de negocios con su administración. Además, los abogados del lider petista negaron que Lula fuera el propietario secreto de la casa, sino que la frecuentaba porque era amigo de la familia de Jacó Bittar, padre de Fernando Bittar, uno de los dueños de la propiedad.

Si bien la jueza fundamenta su sentencia en las irregularidades de los contratos de OAS y de Odebrecht con Petrobrás, comprobadas por las auditorias internas de la empresa estatal, y en las confesiones de los propios empresarios arrepentidos, también admite que no hay pruebas de que los pagos de los contratos hayan sido utilizados para pagar campañas o gastos personales de ningún dirigente del PT.

La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, por su parte, denunció que “la persecución a Lula no para”. La senadora escribió en su cuenta de Twitter que “una segunda condena fue proferida exactamente cuando crece la posibilidad de que Lula sea Nobel de la Paz. En la memoria del pueblo y en la historia, Lula será siempre mayor que sus verdugos”.

En la misma resolución, Hardt condenó a algunos empresarios, entre ellos al ex presidente de OAS, José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses de prisión); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses de cárcel), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses de detención). 

Lula ya cumple condena desde el pasado abril por otro presunto caso de corrupción, a pesar de que durante el juicio no se pudieron demostrar ninguna de las acusaciones en su contra.