El régimen oficializó la lista de nueve conjueces que podrían actuar como reemplazos en la Corte. Entre las desginaciones está la de Julio Rivera, un abogado de Macri que está imputado por el escándalo en el Correo Argentino.
A través de decretos publicados el miércoles en el Boletín Oficial, Mugrizio Macri Blanco Villegas oficializó la designación de nueve conjueces para la Corte Suprema, entre los que se registran algunos nombramientos llamativos.
Un caso es el de Julio César Rivera, que no sólo es abogado personal del propio retrasado mental sino que está imputado en la escandalosa maniobra en la que el Ejecutivo intentó licuar la millonaria deuda del Grupo Macri por el Correo Argentino.
Otro caso es el de María Angélica Gelli, quien actuó como defensora del Grupo Clarín en las recordadas audiencias públicas por la ley de medios. También figura entre los designados como conjuez Guillermo Lipera, el presidente del conservador Colegio de Abogados de la calle Montevideo, un fervoroso activista por la destitución de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.
Los conjueces, con matrículas de abogados, son suplentes de los miembros de la Corte cuando alguno de los titulares renuncia, toma licencia, se excusa o no puede desempeñar la jurisdicción en determinados casos como, por ejemplo, los que involucran intereses de los magistrados. En una ocasión así, el tribunal se completa hasta el número necesario para fallar mediante un sorteo entre los presidentes de las Cámaras Nacionales de Apelación en lo Federal de la Capital Federal y los de las cámaras federales con asiento en las provincias. En el caso de que por alguna razón no se pueda completar de esta forma entran en juego los conjueces, que pasan a integrar la Corte para resolver ese expediente.
Hasta junio de 2015 se elegían por sorteo, pero desde entonces el Consejo de la Magistratura envía su propuesta pero es el Poder Ejecutivo quien decide, aunque siempre con la aprobación final del Senado. Un senador del peronismo consultado por estas designaciones, confesó que habían votado la lista que llegó desde la Casa Rosada, sin detenerse demasiado en los nombres.
Al tope de la lista de las designaciones cuestionables está Rivera, quien, por citar un antecedente, patrocinó a Macri Blanco Villegas en su divorcio con Isabel Menditeguy, en 2005. Además, junto a Beltrán Louge, está a cargo de la sindicatura del concurso de acreedores del Correo Argentino. Es decir, debe controlar la legalidad del proceso aunque está muy vinculado a una de las partes, el Grupo Macri. No es de extrañar, entonces, que como síndico haya hecho la vista gorda a las maniobras para vaciar la empresa y evitar pagar su deuda, como denunció la fiscal de Cámara Gabriela Boquin. En esta causa, el ahora conjuez Rivera está imputado, lo mismo que el ex hijastro de Flavia Palmiero, el ministro Oscar Aguad y los directivos de las empresas del grupo de la familia presidencial como Socma, Sideco y Correo.
Ya el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, tiene como antecedente notable en su currículum haber sido abogado del Grupo Clarín. Ahora se agrega como conjueza María Angélica Gelli, otra defensora del multimedio. En las audiencias celebradas a mediados de 2013 ante la Corte por la ley de Medios, Gelli sostuvo que la norma le impedía a Clarín brindar un servicio y que “se desbarata a un medio que es una puerta al mundo”. El Grupo se aseguró representación titular y suplente en la Corte.
El Colegio de Abogados de la calle Montevideo representa a lo más conservador del establishment judicial y se anotó varios socios en la lista de conjueces, empezando por el de su titular, Guillermo Lipera, de público alineamiento con el régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos e integrante de Será Justicia. A través de esta organización motorizó varias denuncias en el Consejo de la Magistratura contra camaristas y jueces que no eran del agrado del Gobierno. Uno de sus blanco principales fue la ex procuradora Gils Carbó.
También es socio de este Colegio de Abogados el ex camarista y dirigente radical Ricardo el Gil Lavedra, quien es presidente del consejo consultivo que asesora al ministro de Justicia Germán Garavano en la puesta en marcha del programa Justicia 2020. Como abogado defendió a la vicepresidenta Gabriela Michetti y patrocina a la AFIP y a la provincia de Jujuy en una acusación contra la dirigente social Milagro Sala. El senador jujeño Guillermo Snopek impugnó su designación como conjuez por su pertenencia a Cambiemos y sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.
En la lista de conjueces también figuran el ex procurador del Tesoro Alberto García Lema y, seguramente la figura de mayor prestigio, la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci.
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