Los especialistas advierten que es inconstitucional aumentar el impuesto vía resolución o decreto. Buscan reeditar la gesta de 2008.
Alberto Fernández, Cecilia Todesca y Santiago Cafiero,
reunidos con los titulares de las patronales agrogarcas
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Dirigentes y productores agropecuarios empezaron a tomar nota que el aumento de retenciones a las exportaciones está cada vez más cerca a medida que se acerca la asunción de Alberto Fernández el próximo 10 de diciembre.
Es que, si bien aún se desconoce el porcentaje que tendrán los derechos de exportación, está claro que en el equipo económico del Frente de Todos ya está tomada la decisión política de aumentar el impuesto al campo.
En el sector empezaron a organizarse vía WhatsApp para tratar de impedir que se concrete la iniciativa del gobierno entrante. Algunos, incluso, plantean que la suba de retenciones se debe votar en el Congreso.
"La Ley 27.467 dispone que el Gobierno puede aumentar por resolución las retenciones sólo hasta un 30% para el complejo sojero y un 12% en el resto de los cultivos", dijo el consultor y abogado Andrés Domínguez.
"Si el Poder Ejecutivo pretende aumentos mayores a dichos porcentajes, no puede hacerlo vía resolución o decreto dado que necesitaría sí o sí una nueva Ley sancionada por el Congreso para conseguir tal fin", explicó Domínguez.
Por estas horas en las oficinas de Puerto Madero donde trabaja Alberto con su equipo de colaboradores y futuros funcionarios se habla de fijar los derechos de exportación al complejo sojero en un 35% y en alrededor de un 20% al trigo y al maíz.
Se trata, en definitiva, de alícuotas similares a las vigentes durante los dos mandatos de Cristina. De esta manera, Alberto espera recaudar unos U$S 2 mil millones extra por año con el objetivo de achicar el déficit y afrontar los vencimientos de deuda.
"Productores y legisladores deben estar atentos para acudir a la Justicia y pedir la inconstitucionalidad si se imponen porcentajes superiores al 30% para la soja y mayores al 12% para el resto de los productos", advirtió Domínguez.
"Los impuestos los define el Congreso; lo único aceptado, en el caso de las retenciones, es la delegación de facultades que tienen límites", indicó el especialista y agregó que "lo que buscamos con esta iniciativa es impedir que se viole la Constitución".
Los productores son conscientes que una suba de retenciones no prosperaría en el Congreso en función de la composición que tendrán ambas cámaras a partir del 10 de diciembre.
Además la jugada de ir al Congreso en el campo rememoraría la gesta de 2008 por la Resolución 125 que terminó con el "voto no positivo" del entonces vicepresidente Julio Cobos.
Otro de los puntos de defensa de los agrogarcas pasa por la rotación de cultivos. Sucede que al subir las retenciones se desincentiva el cuidado del suelo y del medio ambiente favoreciendo la cosecha de soja en desmedro de la producción de trigo y maíz.
En la actualidad el complejo sojero (poroto, harina y aceite) tributa un 24% de retenciones, mientras que al resto de los productos se le impuso una tasa de 4 pesos por dólar exportado que, con un tipo de cambio en $ 63, equivale a una alícuota del 6%.
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