El Ministerio de Producción pretendía dejar la administración del pago en manos de punteros políticos. El Frente de Todos pidió una medida cautelar ante la sospecha de que iban a ser usados con fines clientelares en el marco de la campaña electoral. Los subsidios quedarán suspendidos hasta el 28 de octubre.
La jueza María Servini puso en aprietos al régimen fascista de Miauricio Macri Blanco Villegas con la medida de suspender el pago del bono de $ 5.000 a desocupados que había dispuesto por el Ministerio de Producción y Trabajo por una resolución interna que evitó ser publicada en el Boletín Oficial pero que se dio a conocer a través de la prensa.
Según la Justicia, la medida dispuesta por la Casa Rosada tras las PASO es sospechosa de haber sido tomada con fines "electoralistas".
Servini dictó al respecto una cautelar por la cual el régimen debe abstenerse de pagar 114.000 planes sociales para desocupados que a todas luces fueron dispuestos para comprar votos con miras a la eleccion del 27 de este mes.
La intervención judicial había sido pedida por el Frente de Todos una vez que saltó a la luz la maniobra oficial. Según el armado del PJ ese otorgamiento de planes pretendía "condicionar el voto de las personas que resulten beneficiarias del subsidio".
Por ello el apoderado del PJ, Jorge Landau, había realizado denuncia penal contra el Ministro de Trabajo y la Producción, Dante Sica, así como al secretario de empleo, Fernando Prémoli.
Según la cautelar firmada por Servini se solicita "al señor ministro Sica" que "se abstenga a disponer de los fondos de dicho Ministerio para dar cumplimiento con la resolución 117 hasta pasadas las elecciones generales previstas para el 27 de octubre".
El "plus" ejecutado por Sica consistía en planes de 5.000 pesos por única vez y distribuídos por intendentes afines a Juntos por el Cambio. La medida abarcaba un presupuesto de unos 570 millones de pesos.
Los planes iban a beneficiarios de Lomas de Zamora, San Martín, Chaco, Formosa, Rosario, Santa Fé, Marr del Plata, Corrientes, La Plata, San Juan, Viedma, Neuquén, Entre Ríos, La Matanza, Catamarca y hasta Capital Federal.
La jueza en su fallo dijo que el otorgamiento de plantes "podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de ciudadanos que sufren una injusta postergación en nuestro país, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a las autoridades que deberán regir los destinos del país en los próximos años, es decir, se verían obligados a votar a cambio de mantener una ayuda social".
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