La denuncia había sido presentada días atrás por la directora de Jurídicos de la Cámara alta, Graciana Peñafort, por supuestas irregularidades en las contrataciones y en los pagos.
La ex vicepresidenta Gabriela Michetti quedó ayer imputada en una denuncia que promovió en su contra el departamento de Asuntos Jurídicos del Senado, encabezado por la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, indicaron fuentes judiciales.
La fiscal Paloma Ochoa impulsó la investigación que tiene también como imputados a Helio Rebot, ex secretario administrativo del Senado de la Nación; y a Germán De Vincenzo, presidente de la empresa Dinale S.A. El delito investigado es defraudación a la administración pública y negociación incompatible.
En su requerimiento ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi, la fiscal solicitó una serie de medidas que tienen que ver con la recolección de documentación por las contrataciones a empresas y los pagos recibidos, así como una serie de testimoniales que solicita que se ordenen en busca de recabar información, señalaron las fuentes.
Según indica la denuncia, Dinale, que no era una firma proveedora del Senado, fue elegida para llevar adelante las obras “Readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Alfredo Palacios del HSN”, “Reestructuración de vías de escape, contraincendio, pleno de escalera, nuevo ascensor - Sector Solís” y “Readecuación del tablero principal de distribución de baja tensión, sus celdas y llaves de salida del Edificio Anexo Alfredo Palacios”.
Las supuestas irregularidades fueron detectadas a partir de una serie de informes elaborados por la Dirección de Obras y Mantenimiento, ya que la empresa Dinale reclamaba los pagos de los trabajos que se le estaban abonando. En los informes se habrían detectado “serias deficiencias e irregularidades tanto en el trámite de licitación como en el proceso de ejecución de las obras en cuestión”.
En el dictamen, la fiscal señala que la abogada Graciana Peñafort, encargada del área de Jurídicos del Senado, afirmó que “en todos lo casos se verificó ‘de manera sistemática’ la asignación de obras por parte de Decretos Presidenciales firmados tanto por la Presidencia del Senado, a cargo de Michetti como por su secretario administrativo, Dr. Rebot, a la vez que se verificaron otorgamientos suscriptos por el nombrado de anticipos de 5 por ciento y solicitudes de adelantos excepcionales del 30 por ciento, que en todos los casos fueron aprobados ‘sin mayores análisis’, disponiéndose una autorización del 25 por ciento por parte de la autoridad administrativa y ‘llamativamente’ el posterior cobro de un 20 por ciento –es decir, un 5 por ciento menos de lo autorizado– en todos los casos, sin variación, a pesar de encontrarnos frente a obras cuyas características resultan particulares y cuyos montos difieren sensiblmenete unos de otros”.
El dictamen también reseña que, de acuerdo a la denuncia, “llama la atención que los adelantos otorgados en incumplimiento de la normativa vigente, sin control alguno de su efectiva utilización, fueron suscriptos por el Dr. Rebot en algunos casos, en hojas membretadas sin fecha ni sello de cargo, actos que, por su irregularidad, jamás debieron dar lugar a la asignación de montos millonarios por fuera de la norma a una empresa que se encontraba realizando de manera defectuosa tres obras simultáneas en el Honorable Senado de la Nación –todas las cuales obtuvieron anticipos millonarios en idénticas condiciones pese a las supuestas diferencias que justificaron la realización de tres licitaciones en vez de una única–”.
“Pese a las irregularidades manifiestas desarrolladas tanto en en el proceso licitatorio, adjudicación y posterior ejecución de obras existió por parte de diversos actores involucrados –esto es, desde la esfera de la administración pública como privada– una clara intención de proseguir con el desarrollo de maniobras que generaron un perjuicio directo a las arcas públicas, un manifiesto deterioro de las instalaciones del Senado y un posible beneficio de terceros hasta el momento, no identificados, todo ello empleando la autoridad que a cada actor le competía para transgredir las normas vigentes abusándose de la confianza otorgada y generando beneficios ulteriores de manera directa a la empresa Dinale SA en perjuicio de la administración pública”, dijo la denunciante y añadió que esas irregularidades “superan ampliamente la mera negligencia”.
Sobre la base de esta denuncia, la fiscal motorizó un pedido de pruebas al Senado para solicitar toda la documentación, también los antecedentes de esta firma y reclamó una serie de testimoniales para comenzar la investigación.
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