La gestión de la ausencia

Horacio Pietragalla denunció que durante el macrifascismo "hubo una ausencia completa del Estado" en materia de Derechos Humanos.

Sitios de memoria en situación de abandono, persecución sistemática a trabajadores, desfinanciamiento de organismos y desatención de expedientes ante organismos internacionales, entre otras cosas, fueron el saldo de “cuatro años de ausencia completa del Estado” en materia de derechos humanos, denunció el titular de la Secretaría vinculada al área, Horacio Pietragalla. 

“Nos invadió la tristeza al encontrar como en estos últimos cuatro años hubo una ausencia completa del Estado que se vio reflejada en el abandono de las políticas públicas de derechos humanos”, sostuvo Pietragalla en un video publicado en las redes sociales en el que apila denuncias contra la gestión de su predecesor Claudio Avruj.

El estado de los edificios de la Escuela de Mecánica de la Armada, ex centro clandestino de detención recuperado en espacio de memoria, fue la primera falencia de la gestión macrifascista en el área observada por Pietragalla. “En la ex Esma se caen los techos de los edificios que hay que proteger por ley porque fueron parte del circuito represivo poniendo en riesgo posibles pruebas judiciales”, apunta en el video que desde la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría pusieron en circulación el sábado. Las brigadas de cooperativistas integrados al programa Argentina Trabaja que durante los gobiernos de Cristina Fernández se hicieron cargo del mantenimiento del predio fueron desfinanciadas durante el nefasto régimen fascista y neoliberal de Miauricio Macri Blanco Villegas. Rápidamente, el lugar comenzó a desmoronarse.

El funcionario advirtió sobre recortes en el presupuesto del Archivo Nacional de la Memoria y la desfinanciación del Equipo Argentino de Antropología Forense (que fue subsanada tras un comunicado del propio organismo) “poniendo en riesgo los archivos documentales y la identificación de nuestros desaparecidos”. Además, denunció que “con maniobras dilatorias disminuyeron casi al punto de frenar los juicios de lesa humanidad y los pagos de las leyes reparatorias”.

En tanto, indicó la “renuncia a las responsabilidades del Estado” debido a la falta de acción de parte de la Secretaría sobre casos judiciales en los que el país se encuentra involucrado frente a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: según Pietragalla denunció en el audiovisual “el 75 por ciento de los casos se encuentran vencidos”.

Por último, reclamó que durante la gestión de Avruj al frente de la Secretaría “se les dio la espalda y estigmatizó a nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo mientras se les abrió las puertas a los familiares de los genocidas”.

Deterioro de Sitios de Memoria

Según denunciaron trabajadores, las oficinas de la Secretaría en el predio tiene el techo roto y el sótano inundado. El edificio “Raúl Alfonsín” que el ex ministro de Justicia Germán Garavano inauguró el 30 de octubre pasado, en donde supuestamente funcionaría la cartera dentro de la Esma, está “sin terminar”. Allí, no obstante, trasladaron a trabajadores y trabajadoras “con los riesgos de seguridad y salubridad que conlleva”, denunciaron en el área.

Los pocos arreglos que tuvieron lugar fueron costeados o directamente realizados por organismos de Derechos Humanos y militantes, tal como sucedió con la puesta a punto de la casa de las Madres. Ni las señalizaciones que en las calles internas de la Esma recuerdan a las víctimas de las patotas de la Armada durante la última dictadura que por allí pasaron se salvaron del desgaste: “Fueron dejadas en el olvido”, advirtió Pietragalla.

La situación no es diferente en otros sitios de memoria que dependen de la Dirección Nacional, dentro de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, tal como lo plantea Pietragalla en el audiovisual: “La situación se repite en todos los lugares donde se torturó, violó, se robó bebés y asesinó a miles de argentinos. A esto se sumó la persecución y el maltrato a los trabajadores dejando en evidencia que el gobierno anterior odiaba todo lo que es público”. Según datos relevados en el área, las tareas de conservación, preservación, difusión y promoción de los sitios de memoria -tarea a cargo del Estado según la Ley 26.691- cesaron durante la gestión de Avruj, cuando ni siquiera “eventualidades que fueron debidamente informadas, fueron atendidas, poniendo en riesgo no solo los sitios, sino también a sus trabajadores”.

Por poner tan solo algunos ejemplos: aún aguarda reparación la rotura del techo que un árbol caído provocó en la Escuelita de Famaillá, uno de los centros clandestinos que funcionaron en Tucumán; El Faro, sitio nacional de memoria que durante la última dictadura funcionó la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina de Mar del Plata presenta un avanzado estado de deterioro; la suspensión de las brigadas de cooperativistas dejaron las obras del Centro de Integración Comunitaria que iba a instalarse en donde funcionó el centro clandestino El Olimpo, quedaron por la mitad; parte de Automotores Orletti está a punto de derrumbarse ya que por falta de obras peligra la estructura de un sector importante de ese espacio.

Recortes presupuestarios

Son varias, según el secretario de Derechos Humanos, las áreas de acción pública en relación a políticas de derechos humanos que se vieron afectadas por la falta de presupuesto. En algunos casos, en el del Archivo Nacional de la Memoria, la relación es directa. 

La falta de dinero para comprar insumos básicos como guantes, barbijos y material propicio para el tratamiento y guardado de documentos sensibles, imposibilitó el funcionamiento del sector y “puso en riesgo la preservación de los fondos y colecciones documentales bajo custodia del Archivo y que son responsabilidad del Estado nacional”, señalaron fuentes cercanas. 

El desfinanciamiento del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti puso tan en peligro su funcionamiento que los y las trabajadoras decidieron sostener las actividades, antes gratuitas, con pago a voluntad del público.

En tanto, la falta de presupuesto que afectó a algunos espacios dependientes de la Secretaría, como el Centro de asistencia a víctimas de violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa” -en los últimos cuatro años perdió un 30 por ciento de su planta; de 120 profesionales hoy cuenta con solo 40-, o la disminución de equipos técnicos encargados de elaborar informes, sirvió de una de las tantas excusa para “demorar” el pago de las leyes reparatorias a víctimas del terrorismo de Estado que sobrevivieron a centros clandestinos, a quienes debieron exiliarse, a familiares, entre otros. Según datos de la propia gestión macrifascista, al 30 de septiembre de 2019 existían en la Secretaría de Derechos Humanos 26.298 expedientes en trámite, sin resolución.

Ausencia en el plano internacional

Esta cuestión también se debe a falta de recursos. El ajuste aplicado por el régimen de la alianza de derecha Cambiemos a la esfera pública afectó marcadamente a la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos que, desde la estructura de la Secretaría de Derechos Humanos, se encarga de representar al Estado frente a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

El equipo de la dirección se vio “absolutamente reducido”, denunciaron desde el área, y su desempeño, “claramente ineficiente”: a diciembre de 2019, la Secretaría adeudaba respuestas a la CIDH en al menos 120 casos en los cuales el 75 por ciento presentaban plazos vencidos.

Fuente: nota de Ailìn Bullentini para Página/12