La provincia de Buenos Aires adhirió al nuevo protocolo ILE del Ministerio de Salud

Bajo la gestión de Vidal nunca había sido aprobado. El ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan, firmó el texto junto a la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz. "La ILE es un mandato de la Corte Suprema", había dicho previamente el funcionario de Axel Kicillof.

Tras la histórica negativa de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, la provincia de Buenos Aires adhirió ayer al Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo, actualizado recientemente por el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, tras la derogación de Miauricio Macri Blanco Villegas.

Poco antes de asumir como ministro de Axel Kicillof, Daniel Gollán expresó el compromiso de adherir a la guía actualizada para la interrupción del embarazo. "Está en el Código Penal y un fallo de la Corte dijo que hay que hacer este tipo de protocolos. Quien no lo hace, no puede decir que respeta a la Justicia o defiende a la República", explicó el funcionario y sostuvo que "la ILE no sólo es una cuestión sanitaria con la que uno acuerda, es un mandato de la Corte Suprema". 

Los aplausos resonaron en la sede del Ministerio de Salud provincial cuando Gollán mostró a los presentes la firma al documento, durante el acto que compartió con la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz.

El protocolo de aborto no punible había sido publicado en el Boletín el Oficial el 22 de noviembre el año pasado con la firma del ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y al día siguiente fue vetado por el hijo bobo de Franco Macri. Luego, bajo el gobierno de Alberto Fernández, su ministro de Salud le agregó algunas modificaciones y expidió otro propio.

En la actualización de González, se dan por sentado derechos consagrados. El texto al que adherirá la provincia de Buenos Aires establece que para acceder a la ILE, las personas gestantes sólo deberán pedirla, dar su consentimiento informado y firmar una declaración jurada que certifique que su situación está alcanzado por los casos comprendidos. En definitiva, es una guía de actuación médica que toma en cuenta el marco jurídico vigente, el código penal que reglamentó las tres causales en 1921 y el fallo FAL de la Corte Suprema 2002 que ratificó su legalidad.

En el 2016 la ministra de Salud provincia, Zulema Ortiz, presentó una resolución ministerial para garantizar la adhesión al protocolo pero fue vetado por Vidal por decreto y se vio obligada a renunciar, aunque luego aclaró que fue por “cuestiones personales”, algo muy similar a lo que sucedió a nivel nacional entre Rubinstein y Macri Blanco Villegas.