Por Ailín Bullenteni
Los represores pretendían demorarlo por la ausencia de uno de sus defensores. “Las víctimas ya no tienen más tiempo para esperar, el tribunal debería tener esto en cuenta”, consideraron desde las querellas.

Los últimos días del año pasado, los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñiguez hicieron lugar a los pedidos de las querellas y de la Fiscalía e intentaron comenzar a remediar la situación de parálisis en la que quedó subsumido el cuarto debate público y oral sobre los crímenes de la Esma: dieron marcha atrás con la decisión de suspenderlo hasta principios de marzo, como habían resuelto tras la negativa de los imputados Carlos Castellví, los suboficiales Ramón Zanabria y Carlos Carrillo, y Horacio Ferrari de designar a un nuevo defensor que reemplace a su abogado estrella, Guillermo Fanego, y los intimaron a hacerlo en un plazo de diez días después del fin de la feria judicial de verano.
Fanego no es un nombre desconocido entre los juicios por crímenes de lesa humanidad. A esta altura, se lo puede definir como histórico defensor de represores y un experto en poner piedras en el camino de las víctimas hacia la Justicia. Durante el debate en curso, se encargó de abrir una discusión sobre la idoneidad de dos de los tres jueces del TOF 5 -Paliotti y Obligado-, a quienes recusó en Casación por haber participado de los anteriores juicios que se desarrollaron sobre la megacausa Esma. En Casación tuvo suerte a medias: la sala II, presidida por Guillermo Yacobucci, apartó a los jueces pero solo para juzgar a Ferrari, uno de sus cuatro defendidos. La cuestión aún no se definió porque las querellas y la Fiscalía discutieron esa decisión con un recurso extraordinario, pero también porque Fanego insistió ante la Corte Suprema por sus otros clientes.

“Fanego siempre jugó con los tiempos del juicio, que son los de las víctimas y familiares, algo que de alguna manera el tribunal permitió. Se hizo un uso abusivo del derecho a la defensa que tienen los imputados, algo que se debería haber evitado de alguna manera. Las víctimas ya no tienen más tiempo para esperar, que perder en manos de los abusos de los imputados y el tribunal debe tener en cuenta esto”, evaluó Sol Hourcade, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales y representante de una de las querellas que participa del juicio. “Esperemos que esta vez se le ponga un coto”, añadió.
Tras analizar los pedidos de Hourcade, del resto de las querellas y de la Fiscalía, hasta fines de diciembre pasado a cargo del Félix Crous -ahora a cargo de la Oficina Anticorrupción-, el TOF dejó sin efecto la suspensión e intimó a los clientes de Fanego a elegir otro abogado en el plazo de diez días hábiles una vez que se retome la actividad judicial de verano. De no hacerlo, se les impondrá un defensor público. Los alegatos ya culminaron. Solo la etapa de dúplicas y réplicas y las últimas palabras de los represores separan a las víctimas y sus familiares de una sentencia que, esperan, sea reparadora.
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