El fallo fue apelado por el fiscal Picardi ya que algunos de los policías siguieron en sus funciones, lo cual conllevaría la suspensión de los plazos de prescripción.
A más de 19 años de la brutal represión del Gobierno de Fernando De la Rúa, el juez federal Claudio Bonadio sobreseyó a los cinco policías acusados de reprimir a las Madres de Plaza de Mayo durante las protestas que se desarrollaron en diciembre de 2001.
El fallo fue dictado en los últimos días de diciembre, antes de la feria judicial, sosteniendo que los delitos investigados habían prescripto. En tanto, la resolución fue apelada por el fiscal federal Franco Picardi.
La decisión adoptada por el juez Bonadio benefició a los integrantes de la Policía Federal: Ernesto Sergio Weber, Fernando Héctor Villegas, José Luis González, Luis Oscar Rodríguez y Ramón Feliciano Vargas, que formaban parte del Cuerpo de la Montada.
A partir del análisis de imágenes aportadas al expediente por distintos canales de televisión, el fiscal Picardi había pedido el procesamiento de los acusados, al señalar que habían cometido "vejaciones" ante una "manifestación pacífica".
En 2016, el Tribunal Oral Federal (TOF) había condenado a cuatro años y nueve meses de prisión al ex secretario de Seguridad Interior del gobierno de la Alianza, y a cuatro años al ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, por dirigir la represión que generó cinco muertes y decenas de heridos en Plaza de Mayo. En ese momento, los policías no llegaron a ser juzgados en ese juicio porque no habían podido ser identificados.
Recién en 2018, se identificaron a los responsables de reprimir a las Madres de Plaza de Mayo ese diciembre de 2001 al mediodía. En su resolución, Picardi indicó que aquél día una unidad del entonces Cuerpo de Operaciones Federales de la PFA avanzó contra “las personas que se encontraban manifestando en la Plaza de Mayo, habiendo mostrado en su proceder dicha unidad policial un comportamiento de violencia física excesivo, causante de distintas lesiones y vejaciones en las personas afectadas”.
Ese día, alrededor de las 11.30 el subcomisario Francisco Santos Miglino intimó a los manifestantes a abandonar la plaza, orden que nadie acató. Unos 15 minutos después “varios policías montados a caballo aparecieron en el lugar y comenzaron a perseguir y golpear a todo aquel que se encontraba en el lugar llevando adelante una brutal represión”, detalló la fiscalía en su pedido de procesamiento.
Ahora, en su apelación el fiscal remarcó que no correspondía decretar la prescripción a los hechos investigados por la gravedad institucional del caso. Además, advirtió que algunos de los policías siguieron en sus funciones, lo cual conllevaría la suspensión de los plazos de prescripción.
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