El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, consideró que el esbirro de Magnetto tuvo un papel clave en las actividades delictivas del falso abogado Marcelo D'Alessio. Le prohibió salir del país y le trabó un embargo por tres millones de pesos.
El juez Alejo Ramos Padilla procesó por los delitos de “coacción y extorsión” al operador periodístico Daniel Santoro en el marco de la causa que investiga la red de espionaje ilegal.
El magistrado, que en cambio le dictó la falta de mérito del periodista en orden al delito de asociación ilícita, dictó el procesamiento de Santoro por considerar que estaba al tanto de las actividades delictivas de Marcelo D’Alessio y que no solo utilizó al falso abogado como una simple fuente, sino que tuvo un papel clave para llevar a cabo sus maniobras.
“Ha quedado claro que Santoro sabía que D´Alessio realizaba labores de inteligencia, espionaje e investigación criminal sin poseer ningún tipo de facultad legal para ello y, en lo que concierne al caso concreto, y se servía de ellas pese al notorio conocimiento de su origen ilícito”, afirmó Ramos Padilla, quien le prohibió a Santoro salir del país. También le trabó un embargo por tres millones de pesos.
En una resolución de 258 páginas firmada ayer, Ramos Padilla hizo un pormenorizado detalle de las extorsiones en las que participó Santoro. El texto está acompañado de numerosas notas firmadas por el periodista, fotos y chats que acreditan su participación en la organización ilegal.
El juez procesó a Santoro “por encontrarlo prima facie penalmente responsable de los delitos de coacción y extorsión -este último en grado de tentativa- en perjuicio de Gonzalo Brusa Dovat y Mario Víctor Cifuentes”.
Ramos Padilla consideró que Santoro fue “partícipe necesario” en el apriete a Brusa Dovat para que declare ante el coimero fiscal macrifascista Carlos Stornelli supuestas irregularidades en la empresa venezolana PDVSA, lo que habilitaría luego a Estados Unidos para trabar embargos a Venezuela. Al empresario Cifuentes, en tanto, le exigieron 1.200.000 dólares para permitirle acuerdos con la AFIP y alivianar una supuesta difícil situación judicial.
Fuente: nota de Sofía Caram para Página/12
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