La guerra de desinformación y operaciones en las redes llegó a la justicia. Apuntan a un hombre del kirchnerismo.
La guerra de fake news en la campaña llegó a la Justicia. Una denuncia de la alianza oficialista Juntos por el Cambio por el envío masivo de mensajes de texto puso en el centro del debate político el uso de las redes para operaciones de desinformación.
Los apoderados de la fuerza política oficialista, liderados por el asesor presidencial José Torello, hicieron una presentación para que la Justicia determine la procedencia de SMS que llegaron a miles de celulares con un link a un promedio de encuestas que ubica a Miauricio Macri Blanco Villegas a dos puntos de Alberto Fernández.
El texto está firmado por "DATOSXelCambio" y en la denuncia el oficialismo asegura que tiene como objetivo engañar al elector con el parecido del nombre del frente. "Se produce una afección del voto del destinatario, para así generar un menoscabo en la imagen de la alianza", argumentan, al tiempo que solicitan el bloqueo de los números que remitieron los mensajes.
Aunque ni en la denuncia ni en el comunicado difundido por el oficialismo se dan indicios de los responsables del envío masivo de SMS, fuentes del macrifascismo consultadas atribuyeron la jugada al kirchnerismo. Concretamente, en el oficialismo apuntan al consultor Gastón Douek, que según sostienen está trabajando en la campaña digital de Fernández.
Lo interesante del caso es que lleva a la justicia un debate que atraviesa a la política argentina desde meses por la posibilidad de que la campaña se "contamine" con fake news como ocurrió recientemente en las elecciones de Brasil y Estados Unidos, como casos emblemáticos.
La Cámara Nacional Electoral hizo varias gestiones para comprometer a los gigantes de las redes sociales a tomar medidas para evitar la difusión de fake news. A pesar de cierta resistencia, finalmente la CNE logró sumar a Facebook, Google, Twitter y Whatsapp al compromiso, al que también adhirieron los partidos políticos y organizaciones de medios como la Asociación de Periodismo Digital (APD).
El caso de Whatsapp fue emblemático porque la firma se resistió a participar y sólo aceptó a último momento. El servicio de mensajería alegaba que no podía leer los mensajes porque están encriptados y sólo estaban dispuestos a controlar los flujos, aunque finalmente no tuvieron alternativa. Durante la discusión, directivos de Whatsapp terminaron admitiendo que venden a políticos un servicio de mensajería que permite envíos masivos.
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