Llovieron 180 milímetros en dos horas y toda la ciudad de Tostado se inundó en una región ya anegada por el agua que baja desde Santiago y Chaco. El gobierno admite que esto va para largo y los habitantes exigen medidas de fondo. Hay 300 evacuados por la crecida del Salado.

El río Salado desapareció para extender sus márgenes hasta el infinito en esa región plana y baja que es Santa Fe contra los límites de Santiago y Chaco. Y el aguacero que se desató entre las 8 y las 10 de la mañana del jueves no hizo más que complicar las cosas. “La ciudad está toda bajo agua, al 100 por ciento. Tenemos muchísima cantidad de gente con agua adentro de las viviendas que nos está pidiendo ser evacuada y estamos empezando a evacuar”, decía entonces Enrique Mualem, intendente de los 15.000 habitantes de Tostado. “Las napas no dan más, el Salado está saturado y el agua no escurre rápido”, agregó. Para la tarde había 150 personas en el centro de evacuados montado en la Escuela Nº 417. La mayoría integran la comunidad mocoví Pedro José. “La gente trata de levantar las cosas y aguantar en sus casas, pero desde el municipio vamos a evacuar igual”, insistió Mualem.
A los tractores municipales se sumaron camionetas de vecinos que se involucraron en la distribución de bolsas de arena para evitar que el agua entre a las viviendas. “El pronóstico decía que lloverían entre 60 y 100 milímetros, pero fueron casi 200 en menos de dos horas. Es una catástrofe”, lamentó el jefe comunal.
Marcos Escajadillo se instaló en Tostado. El secretario de Protección Civil provincial eligió destacar el trabajo de los equipos de bombeo y de las retroexcavadoras abriendo canales para agilizar la salida del agua por los cursos que abrevan en un río Salado, que ahora luce muy distinto de su modesta apariencia habitual. “La ciudad se inundó toda, sí, pero ya no, está escurriendo bien”, dijo el funcionario. Con todo, admitió que el flagelo “viene para largo: llovieron 850 milímetros en tres semanas, lo que habitualmente llueve en un año acá”.

No se informaron medidas extraordinarias en materia sanitaria para la región, pero sí la declaración de “emergencia agropecuaria y zona de desastre” en los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado. Ese status permite a los productores rurales -la mayoría son ganaderos- eximirse del pago del impuesto Inmobiliario, mientras el gobierno intenta que los bancos Nación y de Santa Fe prorroguen vencimientos de créditos productivos a tasa original. Con el propósito de aligerar el problema de la hacienda en riesgo, también el Ministerio de Producción pedirá a Nación permitir que los productores envíen a faena vacunos por debajo del peso admitido, y exceptuarlos del impuesto a las Ganancias en esas ventas forzosas.
Paula Forlano tradujo el malestar que campea entre los inundados. “Esto es un conflicto histórico. Sabemos que vivimos en un territorio bajo, pero reclamamos desde hace años una planificación seria en el manejo de aguas. Nuestro departamento vive en emergencia. Y las declaraciones de emergencia, sinceramente, no nos sirven para nada”, soltó.
Según datos de la cartera de Producción santafesina, en los 19 años que pasaron entre 1998 y 2016, el departamento 9 de Julio vivió 17 años en situación de emergencia, y el de Vera, 15 años.
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